La tradicional empresa láctea La Suipachense, ubicada en la localidad bonaerense de Suipacha, fue declarada en quiebra por el Juzgado Civil y Comercial N°7 de Mercedes, poniendo fin a más de siete décadas de actividad en el sector. La resolución judicial ordenó la liquidación total de Lácteos Conosur S.A., la razón social bajo la que operaba la firma, y dispuso la inhabilitación definitiva de sus directivos, la clausura del establecimiento y la incautación de documentación y bienes.

La planta, que llegó a procesar hasta 250.000 litros diarios de leche y empleaba a 140 personas, llevaba más de tres meses paralizada. Los trabajadores, junto a vecinos de Suipacha y Chivilcoy, realizaron acampes y protestas en reclamo de salarios y aguinaldos atrasados, mientras la empresa acumulaba deudas por más de $8.500 millones en cheques rechazados y más de $1.000 millones con gremios y obras sociales. El grupo venezolano Maralac, que también administraba la quebrada ARSA (Alimentos Refrigerados S.A., fabricante de yogures y postres SanCor), estaba a cargo de la gestión de La Suipachense.

El fallo judicial inhabilitó al presidente de la empresa, Jorge Luis Borges León, quien deberá pedir autorización para salir del país, y ordenó el bloqueo de cuentas bancarias y activos. La Sindicatura intervendrá en la liquidación de bienes y la verificación de créditos, proceso que estará abierto hasta febrero de 2026. Además, se instruyó a la Justicia Penal a intervenir en caso de detectarse irregularidades en la administración.

La quiebra de La Suipachense se suma a la de ARSA, que dejó más de 400 empleados sin trabajo y evidenció la crisis estructural de la industria láctea argentina. El sector enfrenta sobreendeudamiento, caída del consumo interno, altos costos energéticos y financieros, y pérdida de competitividad. Denuncias gremiales por vaciamiento y desvío de fondos agravaron la situación de ambas empresas, que en conjunto suman más de 1.500 cheques rechazados por más de $15.000 millones.

El cierre de La Suipachense genera preocupación en la comunidad local, que pierde uno de sus principales motores económicos y sociales. El juez destacó en su fallo la importancia de considerar el "clima económico-social" que rodea el caso, reflejando el impacto de la recesión en el interior bonaerense y la fragilidad de las pymes industriales del rubro lácteo. Las perspectivas para el sector siguen siendo inciertas, con márgenes negativos y dificultades extremas para la supervivencia de las empresas.