El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presentó un proyecto de reforma penal y policial que ha generado un intenso debate en la provincia. La iniciativa, que busca modificar once leyes vigentes, apunta a dotar al Estado de mayores herramientas para combatir el delito y el narcotráfico, en un contexto donde los índices de homicidios han mostrado una baja significativa en Rosario.

El oficialismo sostiene que la reforma es necesaria para consolidar los avances en seguridad y evitar retrocesos. "No vamos a retroceder contra el delito, la delincuencia ni las banderas con amenazas, porque lo que nos importa son los derechos de las víctimas y de los habitantes de Rosario y la provincia a vivir tranquilos y en paz", afirmó la vocera del gobierno, Virginia Coudannes. El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, defendió el endurecimiento de las políticas, asegurando que ninguna cláusula constitucional será vulnerada.

Sin embargo, la propuesta ha despertado fuertes cuestionamientos de juristas, asociaciones de abogados y sectores políticos, quienes advierten sobre el riesgo de violaciones a garantías constitucionales. Entre los puntos más polémicos se encuentran la posibilidad de tomar declaraciones informativas sin la presencia de un abogado defensor, la realización de juicios en rebeldía y la ampliación de facultades policiales para intervenciones territoriales focalizadas. "La declaración informativa en sede policial sin la presencia de su defensor es lisa y llanamente volver al sistema inquisitivo", señalaron especialistas en derecho penal.

El socialismo, aliado del oficialismo, ha pedido mayor especificidad y límites claros en la redacción del proyecto, mientras que otros sectores consideran que algunas medidas podrían interpretarse como un "mini estado de sitio". La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario advirtió que varios artículos podrían ser declarados inconstitucionales y generar responsabilidad para el Estado provincial.

El debate parlamentario aún está en sus primeras etapas, con la Comisión de Seguridad Pública como primer ámbito de discusión. Mientras tanto, el gobierno provincial insiste en que la reforma es clave para mantener la tendencia a la baja en los índices de violencia y garantizar la paz social. El desenlace de la discusión legislativa será determinante para el futuro de la política de seguridad en Santa Fe.