Un jurado popular declaró culpable a Ariel Quarñolo, empleado de un lubricentro en Guaymallén, Mendoza, por su participación como informante en el asalto que terminó con el asesinato de su jefe, Norberto Martín Salzmann, en febrero de 2023. La decisión fue tomada tras varias jornadas de debate en la Sala 15 del Polo Judicial Penal, donde se analizaron testimonios, registros de cámaras de seguridad y pericias telefónicas.

La fiscalía sostuvo que Quarñolo actuó como "datero" de la banda, aportando información clave sobre el funcionamiento del comercio, la ubicación de cámaras, accesos y la existencia de dinero en efectivo. Según la acusación, minutos antes del asalto, Quarñolo salió a la vereda a fumar, lo que fue interpretado como una señal para los delincuentes, quienes llegaron poco después en una camioneta robada. Durante el robo, Salzmann fue reducido y asesinado de un disparo en el pecho, mientras su hija y el propio Quarñolo estaban presentes en el lugar.

El caso ya contaba con cuatro condenados, quienes aceptaron juicios abreviados y recibieron penas de entre 15 y 23 años de prisión. Quarñolo, en cambio, rechazó el acuerdo y optó por enfrentar un juicio por jurados, donde mantuvo su inocencia y aseguró haber sido también víctima del asalto. Sin embargo, el jurado consideró que las pruebas reunidas eran suficientes para declararlo coautor del delito de robo agravado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La fiscalía y la querella coincidieron en que sin la información proporcionada por Quarñolo, el asalto no habría sido posible. La defensa, por su parte, argumentó que las pruebas eran insuficientes y que su cliente no tenía conocimiento de la existencia de la caja fuerte ni del dinero. El veredicto fue unánime y la audiencia para determinar la pena fue fijada para el 11 de marzo, cuando el juez Mauricio Juan dará a conocer la sentencia final.

Este caso ha generado un fuerte impacto en la comunidad de Guaymallén y reavivó el debate sobre la seguridad en los comercios y la responsabilidad de los empleados en hechos delictivos. Se espera que la resolución de la pena marque un precedente en la provincia.