La Justicia de Buenos Aires investiga una de las mayores estafas automotrices de los últimos años, con más de 120 víctimas que aseguran haber pagado por vehículos 0KM en la concesionaria Grupo Central y nunca haberlos recibido. El caso involucra a Gladys Jezabel Pallone, empresaria del rubro automotor, y a su hijo Alejandro Facchinetti, ambos procesados con prisión domiciliaria y embargos por $3.492 millones cada uno. La jueza Alejandra Provitola los acusa de liderar una asociación ilícita que operó entre 2022 y 2024 bajo varias firmas, entre ellas Automotores Núñez, Central Libertador y Central Puerto Madero.

Según la investigación, los damnificados entregaban dinero y autos usados en parte de pago, que luego eran revendidos o alquilados por el grupo acusado. Las automotrices Citroën y Chery negaron cualquier vínculo comercial con las empresas de Pallone y Facchinetti, y presentaron demandas por uso indebido de marca. La defensa de los acusados intentó atribuir los incumplimientos a factores externos como la pandemia y restricciones de importación, pero la Justicia desestimó estos argumentos, señalando que la operatoria continuó incluso después de las primeras denuncias.

El expediente judicial, que ya supera las 678 páginas, detalla que Pallone y Facchinetti manejaban el flujo económico y la administración de las empresas, centralizando la contabilidad y las operaciones bancarias. Además, se investiga el uso de cheques sin fondo por $68,9 millones en el caso de Pallone y $295 millones en el de Facchinetti. Otros miembros del entorno familiar, como Florencia Pallone y Damián Camoia, también fueron procesados por su participación en la estructura ilícita.

Hasta el momento, 34 víctimas se constituyeron como querellantes y protagonizaron escraches y protestas públicas frente a las oficinas del grupo. Ex empleados declararon en contra de los líderes, señalando órdenes directas y deudas salariales. La jueza Provitola dispuso medidas cautelares como la colocación de tobillera electrónica y la prohibición de contacto con las víctimas, mientras la causa sigue sumando elementos y se esperan nuevos informes de la Unidad de Información Financiera para determinar si hubo operaciones sospechosas vinculadas al grupo.

El caso, que comenzó con denuncias en 2024, se ha convertido en uno de los procesos judiciales más voluminosos y complejos del sector automotor argentino, con implicaciones que podrían extenderse a otras firmas y actores del mercado.