La Justicia bonaerense rechazó la demanda presentada por una profesional de la salud que reclamaba una indemnización millonaria a la municipalidad de Martínez tras sufrir una caída en la vía pública. El fallo, emitido por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo n.º 1 de San Isidro, determinó que la reclamante no logró acreditar de manera suficiente los hechos ni el vínculo entre el accidente denunciado y una supuesta omisión estatal en el mantenimiento de la vía pública.

Según el expediente, la demandante, psicóloga de profesión, sostuvo que el 22 de octubre de 2021 tropezó con una canaleta profunda en una senda peatonal, lo que le habría provocado graves lesiones físicas y psicológicas. La suma reclamada ascendía a más de cinco millones de pesos, incluyendo daños físicos, morales y gastos médicos. Sin embargo, la municipalidad negó los hechos y cuestionó la falta de pruebas, argumentando que las canaletas son infraestructuras habituales y que los daños pudieron deberse a una distracción personal.

Durante el proceso judicial, la única testigo presentada por la demandante reconoció no haber presenciado el accidente ni poder identificar el lugar a través de las fotografías aportadas. Además, la documentación médica incorporada al expediente fue considerada insuficiente para probar la relación directa entre las lesiones y el supuesto accidente en la vía pública.

La jueza a cargo del caso explicó que, conforme a la normativa vigente y la jurisprudencia de la Corte Suprema, la responsabilidad estatal por omisión requiere la demostración de una infracción a un deber jurídico específico y un nexo causal directo. En este caso, la prueba aportada no permitió acreditar la mecánica del accidente, el lugar exacto ni la causa de las lesiones. Ante la falta de elementos probatorios, la magistrada resolvió desestimar la demanda y ordenar a la reclamante el pago de las costas del proceso.

El fallo, que podría servir de referencia para futuros reclamos similares, subraya la importancia de la carga de la prueba en demandas contra el Estado y la necesidad de pruebas concretas para responsabilizar a la administración pública por omisiones en el mantenimiento de espacios públicos.