La investigación por la muerte de Ángel López, el niño que falleció tras recibir una brutal golpiza, ha dado un giro significativo en los últimos días. El fiscal a cargo de la causa, Cristian Olazábal, reveló que no descarta la hipótesis de que la madre de la víctima, Mariela Altamirano, haya sido la autora material de los golpes que derivaron en el deceso del menor. Hasta el momento, la principal sospecha recaía sobre el padrastro, Michael González, mientras que Altamirano era considerada cómplice por omisión.

Según detalló Olazábal en declaraciones radiales, el miércoles se inició la extracción de datos informáticos de los celulares de los acusados, y el análisis de esas comunicaciones podría modificar el rumbo de la investigación. "El fin de semana vamos a analizar qué surge de esas comunicaciones, yo creo que puede haber variaciones en el caso", anticipó el fiscal.

La pesquisa ha sumado testimonios que señalan antecedentes de violencia de Altamirano hacia otro de sus hijos, aunque no existen registros previos similares sobre Ángel. "Respecto de Ángel no, pero sí hemos recolectado testimonios que dan cuenta que con su otro hijo habría ejercido actos de violencia", puntualizó Olazábal. El funcionario judicial aclaró que el caso se construye en base a indicios y no a pruebas directas, por lo que el análisis de la evidencia digital será clave para avanzar en la causa.

El informe preliminar de la autopsia fue determinante: Ángel presentaba más de 20 lesiones compatibles con una agresión física, confirmando que la causa de muerte fue consecuencia directa de ese ataque violento. Tanto Mariela Altamirano como su pareja, Michael González, fueron detenidos el pasado 12 de abril y están imputados como coautores de homicidio agravado por el vínculo, un delito que prevé prisión perpetua.

En paralelo, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut intervino el equipo técnico judicial que otorgó la tenencia de Ángel a su madre biológica y ordenó una auditoría para determinar si existieron irregularidades o incumplimientos en los informes previos. "Tenemos que determinar si hubo abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público o falsedad ideológica", agregó Olazábal.

El caso ha generado conmoción social y reabre el debate sobre la protección de la infancia y la responsabilidad de las instituciones en la prevención de situaciones de violencia familiar. El avance de la investigación y el análisis de la nueva evidencia serán determinantes para esclarecer los hechos y definir las responsabilidades penales e institucionales.