La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dictó un fallo ejemplar contra la empresa de medicina prepaga Sancor Salud, obligándola a indemnizar con más de siete millones de pesos a un afiliado al que le negó la cobertura de una cirugía oftalmológica de urgencia. El caso, que se inició en julio de 2022, involucró a un paciente que acudió a la guardia por una alteración visual y fue diagnosticado con desprendimiento de retina, requiriendo una "vitrectomía compleja".

Según consta en la sentencia, Sancor Salud rechazó la cobertura de la cirugía alegando que el procedimiento no estaba contemplado en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y que solo autorizaría una versión "convencional" de la operación. Ante la urgencia y el riesgo de perder la visión, el paciente debió costear la intervención de su propio bolsillo. La demora y la negativa de la prepaga resultaron en una incapacidad visual permanente del 18,69% en el ojo izquierdo del afiliado.

El tribunal, con el voto de la jueza Alejandra N. Tevez y la adhesión de sus pares Matilde Ballerini y Eduardo R. Machin, desestimó los argumentos de Sancor y fundamentó su decisión en la protección del derecho a la salud y la defensa del consumidor. "La demandada actuó de manera consciente y deliberada al incumplir con una obligación que se hallaba a su cargo, optando por no abonar en tiempo y forma la prestación médica, alegando falsas e injustificadas razones", sostuvo la jueza Tevez.

La sentencia ordena a Sancor Salud a pagar $946.180 por gastos médicos, $2.100.000 por daño físico, $1.500.000 por daño moral y $2.500.000 en concepto de daño punitivo, sumando más de $7 millones, cifra que con intereses podría superar los $20 millones. El fallo subraya la obligación de las prepagas de informar claramente las limitaciones de sus planes y priorizar el derecho a la salud por sobre interpretaciones contractuales restrictivas.

Este caso sienta un precedente relevante en la defensa de los derechos de los usuarios de servicios de salud y constituye un llamado de atención para las empresas del sector sobre sus responsabilidades legales y éticas. La decisión fue celebrada por organizaciones de consumidores y especialistas en derecho sanitario, quienes destacaron la importancia de garantizar un trato digno y la cobertura adecuada a los afiliados.