La detención de Elizabeth Rodrigo, madre de la vedette Ayelén Paleo, se produjo en el marco de un megaoperativo policial que desarticuló una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Rodrigo fue arrestada en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires, acusada de desempeñar un rol clave en la logística y producción de material fotográfico para la organización, que operaba en varias provincias argentinas.

La investigación, iniciada en noviembre de 2024 tras la denuncia de una víctima, permitió rescatar a doce mujeres de entre 22 y 45 años, quienes eran captadas mediante falsas promesas de empleo y luego obligadas a prostituirse. Las víctimas debían entregar el 90% de sus ganancias y pagar hasta 90 mil pesos por la realización de books fotográficos, utilizados para publicitarlas en portales de adultos. El operativo incluyó 15 allanamientos simultáneos en ciudades como La Plata, Berazategui, Quilmes, Bahía Blanca, Rosario, Santa Rosa y la Ciudad de Buenos Aires, donde se incautaron computadoras, celulares, cámaras, dinero en efectivo y contratos de locación.

La líder de la organización, Noelia Elizabeth Avalos, fue detenida en Berazategui, donde coordinaba los encuentros a través de un "call center". Además de Rodrigo, otras dos mujeres fueron imputadas por su participación en la red. La causa está a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, de la UFI N° 1 de La Plata.

El caso generó gran repercusión mediática, especialmente por el vínculo con figuras del espectáculo. Carmen Barbieri, ex pareja de Santiago Bal, expresó en redes sociales que "hubo justicia divina" y recordó antiguos conflictos con la familia Paleo. Por su parte, Federico Paleo, hermano de Ayelén, negó las acusaciones de amenazas y pidió respeto por la privacidad familiar. Ayelén Paleo, alejada de la vida pública, no realizó declaraciones sobre el caso.

La detención de Rodrigo y el desmantelamiento de la red de trata ponen en evidencia la persistencia de este delito en Argentina y la importancia de la acción coordinada entre la Justicia y las fuerzas de seguridad. El impacto mediático del caso también reabre debates sobre la exposición de figuras públicas y la protección de las víctimas.