Un interno de la cárcel federal de Cerrillos fue condenado a siete años y seis meses de prisión por el homicidio de otro detenido, ocurrido en noviembre de 2024. Héctor Manuel Villalbas, quien ya cumplía una condena por narcotráfico, recibió una pena de tres años por homicidio con exceso en la legítima defensa, unificada con su condena previa. La sentencia fue dictada por el juez federal de Revisión, Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, tras un acuerdo pleno entre las partes, impulsado por la Unidad Fiscal Salta.

El hecho se produjo el 13 de noviembre de 2024 en el pabellón "C" de la Unidad N°16 del Servicio Penitenciario Federal, en Cerrillos. Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, una discusión por alimentos guardados en la heladera comunitaria derivó en un enfrentamiento entre Conrado Saravia y otro interno. Villalbas intervino en el conflicto, aparentemente para calmar la situación, pero ambos involucrados portaban armas caseras. En medio de la pelea, Villalbas apuñaló a Saravia en el abdomen.

El personal penitenciario intervino rápidamente y Saravia fue trasladado al hospital San Bernardo, donde permaneció internado en terapia intensiva. Cuatro días después, falleció a causa de un masivo sangrado hepático. El análisis de informes médicos y forenses determinó que la atención recibida fue acorde a la gravedad de la lesión.

En representación de la madre de la víctima, el defensor público de Víctimas, Nicolás Escandar, acordó una reparación simbólica por los gastos ocasionados durante la internación de Saravia. Sin embargo, anunció que presentará una demanda civil contra el Estado Nacional por la atención médica brindada al detenido. La fiscalía continúa investigando este aspecto con la intervención de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

El caso pone de manifiesto las tensiones y la violencia dentro del sistema penitenciario, así como la complejidad de los procesos judiciales en situaciones de legítima defensa y reincidencia. Las implicaciones futuras podrían incluir una revisión de los protocolos de atención médica y seguridad en las cárceles federales.