El Gobierno nacional dispuso un incremento en el presupuesto asignado a hospitales y personal de salud, con especial énfasis en el sector pediátrico, tras la promulgación de la Ley 27.796 que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y residencias médicas. La medida fue oficializada mediante la Decisión Administrativa 29/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El refuerzo presupuestario implica la reasignación de $35.832 millones provenientes de una reducción de créditos asignados a Obligaciones del Tesoro. De este monto, $20.180 millones se destinarán al Hospital Garrahan, mientras que más de $3.380 millones serán distribuidos entre otros hospitales de alta complejidad, como El Cruce, SAMIC El Calafate, Cuenca Alta Néstor Kirchner, Dr. René Favaloro y Presidente Néstor Kirchner. Además, se asignarán $5.110 millones al programa de formación de recursos humanos sanitarios y asistenciales, y $7.160 millones a organismos descentralizados, incluyendo hospitales especializados en salud mental y rehabilitación.

A pesar de la promulgación de la ley de emergencia pediátrica, su ejecución permanece suspendida. El Poder Ejecutivo condicionó la aplicación de la normativa a la determinación de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso, argumentando que el costo fiscal estimado supera ampliamente la capacidad presupuestaria actual del Ministerio de Salud. "El Poder Ejecutivo Nacional tiene la voluntad de atender, dentro de las disponibilidades presupuestarias actuales, las necesidades tenidas en cuenta por el Congreso al sancionar la referida ley", señaló el Gobierno en el documento oficial.

La ley establece la asignación prioritaria e inmediata de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas y personal esencial, así como la recomposición salarial del personal de salud. También prevé la exención del impuesto a las ganancias para el personal que realice actividades críticas. Sin embargo, las autoridades advierten que una reasignación mayor podría afectar otros programas sanitarios, como los subsidios para medicamentos y la prevención de VIH-Sida.

El contexto de emergencia sanitaria en el sistema público nacional se mantiene por el término de un año, mientras el Gobierno y el Congreso buscan alternativas para garantizar el acceso efectivo y de calidad a los servicios de salud pediátrica. La situación refleja la complejidad de equilibrar las necesidades del sector con las restricciones fiscales vigentes, en un escenario donde la salud infantil y la formación médica continúan siendo prioridades.