La tradicional empresa láctea La Suipachense, ubicada en la localidad bonaerense de Suipacha, fue declarada en quiebra por el Juzgado Civil y Comercial N°7 de Mercedes, poniendo fin a más de 70 años de historia y dejando sin empleo a 140 trabajadores. La resolución judicial, dictada el 8 de noviembre, ordenó la liquidación total de Lácteos Conosur S.A., la razón social bajo la cual operaba la firma, y dispuso la clausura del establecimiento, la incautación de documentación y la inhabilitación definitiva de sus directivos, entre ellos el empresario venezolano Jorge Luis Borges León, quien además deberá solicitar autorización judicial para salir del país.

La quiebra de La Suipachense se produce en un contexto de profunda crisis en la industria láctea argentina, marcada por el sobreendeudamiento, la caída del consumo interno y el aumento de los costos operativos. La empresa acumulaba más de $8.500 millones en cheques rechazados, salarios impagos y deudas con proveedores y gremios, lo que llevó a la paralización de la planta durante más de tres meses. Los trabajadores, en respuesta, montaron un acampe en la puerta de la fábrica y realizaron protestas junto a vecinos de Suipacha y Chivilcoy, reclamando una solución ante la falta de ingresos y la incertidumbre laboral.

El pedido formal de quiebra fue presentado por el gremio lechero Atilra y por acreedores como Watt’s, quienes advirtieron sobre la "delicada y grave situación de los trabajadores" y la imposibilidad de retomar la producción. El juez dispuso la intervención de la Sindicatura, que continuará con el proceso de liquidación y verificación de créditos hasta febrero de 2026, y ordenó el bloqueo de todas las cuentas bancarias y activos a nombre de la firma.

La Suipachense, que llegó a procesar 250.000 litros diarios de leche y era considerada un motor económico de la región, se suma a la lista de empresas lácteas afectadas por la crisis. Días antes, la Justicia también declaró la quiebra de ARSA, productora de yogures y postres SanCor, bajo la gestión del grupo venezolano Maralac, dejando a más de 400 empleados sin trabajo y cerrando plantas en Lincoln y Córdoba.

El cierre de ambas compañías expone la fragilidad estructural del sector lácteo argentino, donde los altos costos energéticos, la suba de tasas financieras y la baja rentabilidad han llevado a la desaparición de empresas emblemáticas. Gremios y productores advierten sobre el impacto social y económico en las comunidades afectadas, mientras la Justicia evalúa posibles intervenciones penales ante denuncias de vaciamiento y gestión irregular. El futuro del sector permanece incierto, con cientos de trabajadores y familias enfrentando la pérdida de su principal fuente de empleo.