Un joven empresario frutillero de 25 años fue detenido en Arroyo Leyes, Santa Fe, tras el hallazgo de 45 trabajadores rurales sometidos a condiciones de explotación laboral y reducción a la servidumbre. El operativo, realizado por la Fiscalía Federal de Santa Fe y organismos nacionales, se inició luego de la denuncia de un trabajador chaqueño que expuso las condiciones inhumanas en las que vivían y trabajaban los empleados del establecimiento.

Las víctimas, en su mayoría migrantes de Chaco y Santiago del Estero, trabajaban jornadas de más de 15 horas, comenzando de madrugada y extendiéndose hasta la noche. Dormían en galpones de chapa con piso de tierra, en camas improvisadas con cajones y pallets, sin acceso a agua potable ni baños. Para continuar con sus tareas durante la noche, recibían linternas. El pago prometido por cajón cosechado fue reducido y, además, se les descontaba la comida de sus salarios, que obtenían de un almacén vinculado al dueño del campo.

El fiscal federal Walter Rodríguez y la fiscal coadyuvante Milagros Traverso presentaron la imputación por el delito de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre, agravado por el número de víctimas y la presencia de menores de edad. "La conducta del imputado afectó múltiples derechos, las condiciones de trabajo, la salud e integridad física", afirmó Rodríguez, quien también destacó el impacto interprovincial del caso por el alejamiento de las víctimas de sus lugares de origen.

Durante el allanamiento, realizado el 1º de octubre, se incautaron teléfonos celulares, computadoras, armas de fuego y drogas. El juez de Garantías de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz, dictó prisión preventiva por 150 días para el acusado y otorgó a la fiscalía 90 días hábiles para ampliar la investigación. Las víctimas recibieron contención y fueron trasladadas a sus provincias de origen.

La defensa del empresario sostuvo que los trabajadores eligieron permanecer en el campo y que no estaban obligados por el empleador. Sin embargo, los testimonios y pruebas presentadas por la fiscalía evidenciaron un esquema de explotación sistemática y condiciones de cuasi esclavitud. El caso pone en foco la problemática de la explotación laboral en el sector rural argentino y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y protección de los trabajadores más vulnerables.