Las negociaciones salariales entre el Sindicato Unificado de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) y el gobierno de Tierra del Fuego marcaron la agenda educativa en la provincia durante la última semana de octubre y comienzos de noviembre. El conflicto, que involucra a miles de docentes, se centra en la recomposición salarial, el desendeudamiento familiar y la seguridad en el ámbito escolar.

El Ejecutivo provincial presentó una propuesta que incluye un adicional remunerativo por horas cátedra, un incremento del 3% en los básicos para enero de 2026 y el pago retroactivo del 2% correspondiente a julio de 2025. "La docencia debe evaluar la propuesta y decidir si la acepta o la rechaza", señaló Soledad Rottaris, secretaria Adjunta del SUTEF en Río Grande, en diálogo con Aire Libre FM. Rottaris remarcó que los parámetros ofrecidos siguen alejados de las necesidades económicas del sector, estimando que el salario mínimo vital y móvil debería rondar los dos millones de pesos, mientras que la propuesta actual se sitúa en aproximadamente $1.170.000.

El sindicato también planteó la urgencia de un plan de desendeudamiento familiar no bancario y la devolución de descuentos aplicados por huelga, en un contexto de creciente endeudamiento entre los docentes. "Nuestra provincia está posicionada como la segunda en el país con el nivel de endeudamiento más alto con tarjetas de crédito. Nuestro sector no es la excepción", advirtió SUTEF en su informe oficial.

La seguridad en las escuelas fue otro eje de la discusión, ante el aumento de situaciones de violencia que afectan tanto a docentes como a estudiantes. El sindicato solicitó la conformación de un Comité Mixto Permanente de Salud y Seguridad en el Trabajo Docente, respaldado por la legislación provincial y nacional vigente.

Durante la semana, se realizaron asambleas, desobligaciones y movilizaciones en Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, con la participación activa de la comunidad educativa. El ministro de Educación, Pablo López Silva, aseguró que el gobierno "prioriza el diálogo y la previsibilidad" y que se están definiendo medidas para garantizar la continuidad de las clases y evitar nuevas interrupciones. "Nosotros tenemos que encontrar el equilibrio entre el derecho a huelga y el derecho de los alumnos a aprender", afirmó López Silva.

La propuesta será sometida a consulta en asambleas y un Congreso de Delegados, donde se definirá la aceptación o el rechazo por parte de la docencia fueguina. El resultado de estas deliberaciones será clave para el futuro del ciclo lectivo y la estabilidad del sistema educativo provincial. En medio de una crisis económica y educativa, la comunidad espera respuestas concretas y soluciones que permitan recuperar el poder adquisitivo y garantizar el derecho a la educación.