El Gobierno argentino ha dado un paso significativo en la desregulación del sector aerocomercial al autorizar a la empresa Global Protection Service S.A. (GPS) para prestar servicios de rampa y operaciones aeroportuarias en 16 aeropuertos del país. Esta medida, oficializada mediante la disposición 11/2025 de la Secretaría de Transporte, busca fomentar la competencia, atraer inversiones y generar empleo en un sector históricamente dominado por la estatal Intercargo.

GPS, que forma parte del Grupo Sima, se convierte en la tercera empresa habilitada para ofrecer estos servicios, sumándose a Fly Seg y Air Class Cargo. La autorización incluye aeropuertos clave como Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Mendoza, y Bariloche, entre otros. Según el Gobierno, la compañía ha cumplido con los requisitos establecidos en la reciente reforma del Código Aeronáutico y su reglamentación.

El servicio de rampa abarca tareas esenciales como el empuje de aeronaves, la colocación de escaleras para el embarque y desembarque de pasajeros, y la gestión de carga y descarga de equipaje. Hasta hace poco, Intercargo tenía el monopolio de estos servicios, lo que limitaba la competencia y las opciones para las aerolíneas. Sin embargo, la política de "Cielos Abiertos" implementada desde diciembre de 2023 ha permitido la entrada de nuevos actores al mercado.

Además de la habilitación de GPS, el Gobierno ha anunciado planes para privatizar Intercargo, vendiendo el 100% de sus acciones bajo licitación pública. Esta decisión ha generado reacciones mixtas. Mientras que el sector privado celebra la apertura del mercado, los gremios han expresado su preocupación por el impacto en los trabajadores y la posible pérdida de control estatal en un área estratégica.

La desregulación también ha permitido que aerolíneas como Flybondi y American Airlines ofrezcan servicios de rampa de manera interna, lo que podría traducirse en menores costos operativos y mejores servicios para los usuarios. En el marco de esta política, el Gobierno ha firmado acuerdos internacionales que buscan aumentar la conectividad aérea y facilitar la entrada de nuevas rutas y aerolíneas al país.

En conclusión, la habilitación de GPS y las reformas en el sector aerocomercial representan un cambio estructural significativo. Aunque la medida promete beneficios como mayor competitividad y empleo, también plantea desafíos en términos de regulación y equilibrio entre intereses públicos y privados.