El reclamo por el estado crítico de las rutas nacionales argentinas escaló en los últimos días, con diputados, intendentes y gobernadores exigiendo al Gobierno nacional la liberación de fondos destinados al mantenimiento vial. Legisladores de Unión por la Patria, encabezados por Victoria Tolosa Paz y Juan Pablo Luque, presentaron una nota formal al ministro de Economía, Luis Caputo, denunciando la retención y desvío de recursos provenientes del impuesto a los combustibles, que por ley deben financiar el Sistema Vial Integrado (SISVIAL).

Según los datos presentados, en 2024 la recaudación por el impuesto a los combustibles alcanzó los $2.520.915 millones, de los cuales el 28,58% debería haberse destinado al SISVIAL. Sin embargo, solo una fracción de esos fondos fue efectivamente utilizada para el mantenimiento de rutas: de $247.627 millones ingresados a la cuenta especial, apenas $40.668 millones se destinaron a obras viales, mientras que $223.149 millones fueron colocados en plazos fijos. Esta situación, denuncian los legisladores, se repite en 2025 y 2026, con montos crecientes de recaudación pero sin mejoras en la infraestructura.

El deterioro de la red vial es alarmante: entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales presentan algún grado de daño significativo, con regiones como el NOA especialmente afectadas. Corredores estratégicos muestran fallas estructurales, banquinas descalzadas y señalización insuficiente, lo que incrementa los riesgos de accidentes y afecta la competitividad de las economías regionales. "Rutas detonadas, vidas en riesgo y un costo logístico que asfixia al interior", resumió Tolosa Paz en sus redes sociales.

El reclamo de los legisladores incluye pedidos de informes detallados sobre la ejecución de los fondos, advertencias sobre posibles acciones judiciales y la exigencia de transparencia en el destino de los recursos. Intendentes de varias provincias han organizado reuniones para coordinar estrategias conjuntas, mientras que la preocupación escala a nivel de los gobernadores.

El Gobierno nacional, hasta el momento, no ha dado respuestas públicas a estos reclamos. La situación pone en debate la necesidad de una política vial federal y sostenida, que garantice la seguridad, la integración territorial y la competitividad productiva. El futuro de la infraestructura vial argentina dependerá de la capacidad de las autoridades para cumplir con las obligaciones legales y responder a las demandas sociales y productivas.