La causa Vialidad, que involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha alcanzado un punto crítico tras el dictamen del Procurador General interino, Eduardo Casal. En su presentación ante la Corte Suprema, Casal solicitó que se amplíe la condena de Kirchner de 6 a 12 años de prisión, incluyendo el delito de asociación ilícita, además de la administración fraudulenta por la que ya fue condenada. Este pedido también incluye un aumento en el monto del decomiso relacionado con el caso.

El dictamen de Casal respalda el recurso extraordinario presentado por el fiscal Mario Villar, quien argumentó que la Cámara de Casación no evaluó adecuadamente las pruebas y que su fallo fue "arbitrario". Según Casal, la figura de asociación ilícita es aplicable debido a la supuesta existencia de una organización destinada a cometer múltiples delitos, lo que justificaría una pena más severa. Además, cuestionó la exclusión de testimonios clave y la interpretación de los jueces sobre el delito continuado.

La causa Vialidad investiga irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En 2022, el Tribunal Oral Federal Nº 2 condenó a Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sentencia que fue confirmada en 2024 por la Cámara de Casación. Sin embargo, la fiscalía busca que se incluya el delito de asociación ilícita, lo que duplicaría la condena.

El impacto político de esta decisión es significativo. Si la Corte Suprema confirma la condena, Kirchner podría enfrentar prisión domiciliaria debido a su edad, aunque también podría postularse a un cargo público para obtener fueros. La decisión de la Corte, que no tiene plazos establecidos, será crucial no solo para el futuro político de Kirchner, sino también para la percepción pública de la justicia en Argentina.

El caso también incluye a otros implicados, como el empresario Lázaro Báez y el ex ministro Julio De Vido, cuyas condenas y decomisos podrían ser revisados. Mientras tanto, el debate sobre la figura de asociación ilícita y su aplicación en este caso continúa polarizando a la sociedad argentina.