Un operativo policial llevado a cabo en Pueblo Esther, provincia de Santa Fe, permitió el rescate de dos crías de carpincho que se encontraban enjauladas y en malas condiciones. La intervención, realizada por la Brigada Ecológica y Rescate Animal, fue motivada por una denuncia anónima que alertaba sobre la presunta comercialización de carne de carpincho en forma de milanesas y escabeche.

Durante el allanamiento, los agentes encontraron un carpincho adulto y seis nutrias ya faenadas, almacenadas en un freezer. Además, se hallaron productos derivados como milanesas y frascos de escabeche, lo que refuerza la hipótesis de un comercio ilegal de carne de especies protegidas. Los animales vivos fueron trasladados a una clínica veterinaria para recibir atención especializada, mientras que los productos y animales muertos fueron secuestrados por la Justicia.

El caso está siendo investigado bajo la Ley Nacional de Conservación de la Fauna N°22.421, que regula la caza, tenencia y comercialización de especies autóctonas. Las autoridades buscan determinar la responsabilidad penal de los ocupantes de la vivienda y si existe una red de comercialización ilegal detrás de este caso.

Este operativo recuerda un incidente similar ocurrido hace tres meses en el barrio porteño de Villa Crespo, donde un local fue clausurado por vender carne de carpincho y chivito de manera ilegal. En ambos casos, los productos incautados carecían de la debida habilitación y certificación de origen, lo que constituye un delito ambiental.

El carpincho, también conocido como capibara, es una especie autóctona protegida cuya caza y comercialización están estrictamente reguladas. Su área de distribución abarca desde Panamá hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, y su protección es fundamental para la conservación de la biodiversidad en la región.

Las autoridades han enfatizado la importancia de proteger la fauna silvestre y han instado a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el comercio ilegal de especies protegidas. Mientras tanto, organizaciones ambientalistas han pedido mayores controles y sanciones más severas para quienes violen las leyes de conservación.