El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha intensificado en marzo de 2026 su plan de ordenamiento en la Villa 31, ubicada en el barrio de Retiro, con el objetivo de reforzar la seguridad y frenar el crecimiento descontrolado de la zona. La medida, impulsada por el jefe de Gobierno Jorge Macri, incluye la instalación de retenes policiales en los accesos principales, la peatonalización de cinco de las trece entradas y la prohibición del ingreso de materiales de construcción, buscando así limitar nuevas edificaciones irregulares.

El operativo, coordinado por la Jefatura de Gabinete y varios ministerios porteños, también contempla la fiscalización de construcciones, el desalojo de unidades y terrenos usurpados, y el refuerzo de la presencia policial, con entre 300 y 1.000 efectivos desplegados en el área. Además, se demolió un búnker narco y se clausuraron corralones de materiales y comercios ilegales, en un intento por combatir las economías informales y el delito organizado que afectan al barrio.

Jorge Macri justificó las medidas afirmando que “la ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”, y subrayó que no habrá excepciones ni zonas liberadas. Legisladores como Laura Alonso y Silvia Lospennato respaldaron la iniciativa, señalando la importancia de controlar el crecimiento en altura y la proliferación de construcciones irregulares, que representan riesgos para los vecinos y favorecen la especulación inmobiliaria informal.

La Villa 31, que alberga a unas 45.000 personas, ha sido históricamente un enclave de urbanización fallida y expansión informal. Los intentos previos de integración y urbanización, especialmente desde 2016, no lograron frenar el desarrollo desordenado ni la consolidación de actividades ilegales. El alquiler de viviendas en la zona puede alcanzar hasta un millón de pesos mensuales, mientras que los locales comerciales superan el millón y medio, reflejando la presión inmobiliaria y la falta de regulación.

El endurecimiento de la política de control en la Villa 31 ha generado debate en la sociedad porteña. Mientras algunos sectores valoran el refuerzo de la seguridad y la recuperación del espacio público, otros advierten sobre el riesgo de exclusión social y la necesidad de políticas más inclusivas. El gobierno porteño busca así recuperar legitimidad y apoyo social, en un contexto político marcado por la demanda de mayor seguridad y orden, pero también por la persistencia de desafíos estructurales en los barrios vulnerables de la ciudad.