El 16 de diciembre de 2025, Rodrigo Gómez, un soldado de 21 años que cumplía funciones de custodia en la Quinta de Olivos, se quitó la vida tras ser víctima de una compleja red de extorsión digital. En los últimos días, la difusión de la carta de despedida que dejó el joven permitió conocer en detalle el calvario que atravesó y el modus operandi de la banda criminal que lo llevó a la desesperación.

Según la investigación judicial, Gómez fue contactado a través de la aplicación de citas “Evermatch” por un perfil falso. Tras entablar conversación, los extorsionadores, que operaban desde cárceles bonaerenses, simularon ser la madre de una supuesta menor de 17 años y luego un falso policía. Bajo amenazas de denuncia penal y acusaciones de abuso, exigieron transferencias de dinero inmediatas. “Quien diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas. A partir de esa app estoy con problemas legales y muchas deudas”, escribió Gómez en su carta, donde también expresó su temor a decepcionar a su familia y su agradecimiento al Ejército.

La maniobra incluyó la usurpación de identidad de un agente real de la Policía de la Ciudad y la utilización de cuentas bancarias de mujeres vinculadas a la banda para recibir los fondos. En menos de 24 horas, Gómez transfirió más de 1,4 millones de pesos, sin lograr frenar las amenazas. “No quiero ser más una carga para todos y no te quiero dar problemas nunca más. Te quiero mucho. A ambos”, se despidió en la carta dirigida a sus padres.

La familia de Gómez, especialmente su padre Juan Carlos, responsabilizó públicamente al gobierno bonaerense por la falta de controles en las cárceles y la permisividad en el uso de celulares. “Eso pasa por la ineficiencia del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, del gobernador Kicillof y del ministro de seguridad de la provincia porque ellos avalan que tengan celulares en las cárceles”, declaró.

La justicia federal y el gobierno nacional informaron la detención de siete personas, entre ellas internos de los penales de Magdalena y Olmos, y colaboradores externos. El caso reavivó el debate sobre la seguridad digital, la protección de las víctimas de extorsión y la necesidad de reforzar los controles en las unidades penitenciarias. La familia impulsa una colecta para construir una capilla en memoria de Rodrigo Gómez, mientras la sociedad exige respuestas y medidas concretas para evitar nuevas tragedias.