El Superior intervino el área judicial que se ocupó de Ángel
🔴 Intervienen el Equipo Técnico Interdisciplinario de Comodoro Rivadavia tras la muerte de Ángel López (4), cuyo caso expuso graves fallas judiciales. Psicólogas y funcionarios bajo investigación. El juez no fue apartado. #Justicia #Chubut



El Superior Tribunal de Justicia de Chubut dispuso la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de Comodoro Rivadavia tras la muerte de Ángel López, un niño de 4 años que falleció por golpes mientras estaba bajo la custodia de su madre biológica. La medida, que tendrá una duración de 60 días, designa a la jueza María Marta Nieto como interventora y busca auditar el funcionamiento del organismo encargado de asistir a los juzgados de familia en la región.
La decisión se produce luego de que el caso de Ángel López expusiera graves deficiencias en el sistema de protección judicial de menores. El menor había quedado al cuidado de su madre, Mariela Altamirano, quien tenía antecedentes de maltrato y a quien ya le habían quitado la tenencia de otro hijo. Tanto Altamirano como su pareja, Maicol González, están detenidos por el homicidio del niño.
El expediente judicial revela que el ETI y otros organismos no verificaron presencialmente las condiciones en las que vivía Ángel, lo que permitió que permaneciera en un entorno riesgoso. Psicólogas y funcionarios judiciales, entre ellos Jennifer Leiva y Vanesa Marín, fueron denunciados por presunta violación de deberes y falso testimonio, ya que sus informes habrían sido clave para que el juez Pablo Pérez otorgara la tenencia a la madre biológica.
El juez Pérez, quien tomó la decisión de revincular a Ángel con su madre, no fue apartado de su cargo, ya que solo podría ser removido mediante un jury de enjuiciamiento. Asociaciones judiciales y el Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia emitieron comunicados defendiendo al magistrado y advirtiendo sobre los riesgos de los "juicios paralelos" en la opinión pública.
El caso ha generado un fuerte debate sobre la eficacia de los organismos de protección de la infancia en Chubut, la sobrecarga de los juzgados de familia y la falta de coordinación entre los distintos actores involucrados. Familiares y organizaciones sociales exigen sanciones ejemplares para los responsables y una revisión profunda del sistema para evitar nuevas tragedias.
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