El asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela ha generado una profunda conmoción en la sociedad argentina. Las jóvenes, de 20 y 15 años, fueron halladas sin vida tras haber sido torturadas, en un hecho que la Justicia vincula al narcotráfico y que fue transmitido en vivo como advertencia dentro de una organización criminal. La brutalidad del caso y la exposición mediática de la agonía de las víctimas han puesto en el centro del debate la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes en contextos de pobreza y criminalidad.

Según fuentes judiciales y organizaciones sociales, el triple femicidio fue ordenado como un acto de "disciplinamiento" para integrantes de la banda narco, evidenciando la facilidad con la que las mujeres, especialmente las más pobres, son utilizadas y descartadas en estas estructuras. El caso se inscribe en una tendencia creciente: en 2025, se registraron 200 femicidios en Argentina, con Santa Fe y Buenos Aires como las provincias más afectadas. En Rosario, más del 40% de los femicidios ocurrieron en contextos criminales, superando los casos de violencia íntima.

La reacción social no se hizo esperar. Vecinos y familiares de las víctimas organizaron marchas y manifestaciones exigiendo justicia y denunciando la falta de respuestas estatales. "Lo que hayan hecho de su vida no justifica lo que les pasó", expresó una vecina, en respuesta a la estigmatización y condena social que sufrieron las jóvenes en redes y medios. Organizaciones feministas y de derechos humanos reclamaron políticas públicas urgentes para prevenir la violencia de género y proteger a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

El contexto socioeconómico agrava la problemática. La feminización de la pobreza, el desempleo juvenil y el desmantelamiento de programas sociales han dejado a muchas jóvenes sin alternativas, aumentando su exposición a la violencia y al crimen organizado. "El Estado debe garantizar que ninguna piba sea descartable", señalaron desde el Observatorio de Violencias Mercedes Pagnutti, que registró un aumento de femicidios en contextos criminales en Rosario.

El caso de Florencio Varela no es un hecho aislado, sino parte de una problemática estructural que requiere respuestas integrales. La sociedad y las instituciones están interpeladas a repensar las políticas de seguridad, inclusión social y género para evitar que tragedias como esta se repitan.