En Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio ha dado un paso significativo en la lucha contra la corrupción al declarar la nulidad de 770 contratos fraudulentos realizados entre 2008 y 2018 en la Legislatura provincial. Este esquema, conocido como la causa de los "contratos truchos", generó un perjuicio estimado en 50 millones de dólares al Estado y es considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de la provincia.

En una conferencia de prensa, Frigerio, acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani y el presidente de la Cámara de Diputados Gustavo Hein, explicó que la medida es parte de un proceso administrativo que corre en paralelo a la investigación judicial en curso. "La política no puede quedarse de brazos cruzados y mirar al costado. Queremos que los que les robaron la plata a los entrerrianos la devuelvan", afirmó el mandatario.

El esquema de corrupción involucraba contratos otorgados a empleados fantasmas y militantes políticos, quienes cobraban sueldos sin realizar ninguna función. La causa, que cuenta con 32 imputados, incluye a contratistas, administrativos y otros actores vinculados al manejo de los fondos. Algunos de los acusados han optado por acuerdos de probation, comprometiéndose a realizar tareas comunitarias y a pagar compensaciones económicas.

El caso salió a la luz en 2018, cuando un policía detectó movimientos sospechosos en un cajero automático. Desde entonces, la investigación ha revelado detalles sobre cómo se desviaron los fondos públicos. Según Frigerio, la Fiscalía de Estado liderará ahora un proceso para recuperar el dinero robado, mientras que la Justicia determinará las responsabilidades penales de los involucrados.

Este escándalo también ha tenido implicaciones políticas. Los contratos se firmaron durante las gestiones peronistas de los exgobernadores Sergio Urribarri y Gustavo Bordet, aunque las investigaciones se han centrado principalmente en los niveles administrativos. La fiscal Cecilia Goyeneche, quien inicialmente lideró la investigación, fue destituida de manera controvertida, aunque su remoción fue anulada posteriormente por la Corte Suprema.

Frigerio destacó que esta medida cumple con una promesa de campaña y busca restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. "Los entrerrianos somos protagonistas de una de las causas de corrupción más importantes de la historia de nuestro país", señaló. Sin embargo, algunos sectores han criticado la falta de imputaciones a figuras políticas de alto rango y han pedido mayor transparencia en el proceso.

El impacto de este caso trasciende las fronteras de Entre Ríos, ya que pone de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en todo el país. Mientras tanto, la ciudadanía espera que las acciones emprendidas no solo sirvan para recuperar los fondos desviados, sino también para sentar un precedente en la lucha contra la corrupción en Argentina.