La causa judicial por la muerte de 140 pacientes por la administración de fentanilo adulterado ha tomado un giro inesperado en el ámbito político y jurídico argentino. En los últimos días, abogados vinculados a figuras de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Javier Milei se sumaron a la defensa de los principales procesados, generando suspicacias y debate en los tribunales federales de La Plata.

El juez Ernesto Kreplak continúa acumulando pruebas contra los 14 procesados, entre los que se encuentran empresarios, familiares y empleados de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma. La investigación se aceleró tras un informe clave del Instituto Malbrán, que detectó graves fallas en la cadena de producción de las ampollas de fentanilo, especialmente en los lotes 31202 y 31244. Los peritos señalaron que el proceso de producción era "poco robusto e inconsistente", lo que comprometía la calidad y seguridad del producto, y que las inspecciones para "rescatar unidades rechazadas" evidenciaban una deficiente calidad de llenado y cierre.

Entre los nuevos defensores figuran Marcos Aldazábal, abogado de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el atentado en su contra, y su socia Elizabeth Gómez Alcorta, exministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad durante el gobierno de Alberto Fernández. Ambos representan a Diego García, hermano de Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios implicados. Por otro lado, Roberto Rallin, penalista vinculado a La Libertad Avanza y asesor legal de Javier Milei, asumió la defensa de Javier Martín Tchukrán, director de manufactura de las firmas involucradas.

La trama judicial se complejiza con la presencia de abogados que también defienden a empresarios acusados de lavado de dinero y con vínculos políticos, como Federico "Fred" Machado. La defensa ha apelado los procesamientos dictados por el juez Kreplak y espera la resolución de la Cámara Federal de La Plata.

Este caso, que se desarrolla en medio de un clima político agitado tras las recientes elecciones, pone en evidencia la intersección entre la justicia, la política y la salud pública en Argentina. La resolución judicial podría tener implicancias significativas en la percepción pública sobre la relación entre los distintos poderes y el manejo de causas de alto impacto social.