La Justicia de Neuquén investiga un presunto fraude eléctrico en barrios privados de la ciudad, tras la denuncia presentada por la cooperativa CALF. El caso involucra a propietarios de viviendas de lujo que, según la investigación preliminar, habrían realizado conexiones clandestinas para evitar el pago del servicio de energía eléctrica.

De acuerdo con la información proporcionada por CALF, se detectaron al menos 30 viviendas con conexiones irregulares, aunque la denuncia formal ante el Ministerio Público Fiscal se centra en cinco propiedades ubicadas en los barrios Rincón Club de Campo, La Zagala y La Pelegrina. Las maniobras identificadas incluyen conexiones subterráneas y la manipulación de medidores, lo que permitió consumos elevados sin registración ni facturación.

El operativo, calificado por la cooperativa como una "ofensiva sin precedentes", consistió en auditorías técnicas sorpresivas y el corte inmediato del suministro eléctrico en las viviendas implicadas. Además, CALF solicitó a la Justicia la autorización para realizar allanamientos e inspecciones dentro de las propiedades, con el objetivo de identificar a los responsables y constatar la existencia de artefactos de alto consumo alimentados por la red clandestina.

El fiscal a cargo de la investigación, Diego Azcárate, dispuso como primera medida la remisión de documentación y la solicitud de informes a las administraciones de los barrios privados. Por el momento, la Justicia consideró innecesarios los allanamientos, dado el material probatorio ya recabado por la cooperativa y la policía.

El exgerente de CALF, Roberto Mayorga, explicó que este tipo de delitos suele resolverse con sanciones menores, como multas o probation, ya que el fraude eléctrico es considerado un delito de baja penalidad. Sin embargo, la cooperativa busca que se apliquen sanciones ejemplares y que se reconozca el perjuicio económico y los riesgos para la seguridad del sistema eléctrico.

El caso ha reavivado el debate sobre la penalidad de estas prácticas y el impacto que tienen en el sistema, ya que la energía sustraída de forma clandestina termina siendo costeada por el resto de los usuarios. CALF anunció que continuará aportando pruebas y extendiendo los controles a otras zonas de la ciudad para evitar privilegios y garantizar la equidad en el acceso al servicio.