La actividad de flotas pesqueras extranjeras en el límite de la Zona Económica Exclusiva Argentina, conocida como la milla 201, ha alcanzado niveles alarmantes, según informes recientes de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) y la Environmental Justice Foundation (EJF). Entre 400 y 600 buques, principalmente de China, Corea del Sur y Taiwán, operan anualmente en la región, extrayendo entre 1,5 y 3 millones de toneladas de recursos pesqueros por año, una cifra que multiplica hasta por cuatro el volumen capturado por la industria argentina.

El calamar Illex argentinus, especie clave en la cadena alimentaria marina, se encuentra en el centro de la preocupación. "En el caso del calamar, que vive apenas uno o dos años y cumple un rol central en la cadena alimentaria, una mala combinación de sobrepesca y cambio ambiental puede generar que en el corto plazo estemos discutiendo no una pérdida económica, sino el agotamiento de recursos fundamentales para la pesca argentina y para todo el ecosistema del Atlántico Sur", advirtió Raúl Cereseto, presidente de Fulasp. La EJF confirmó que la sobrepesca y las condiciones ambientales adversas podrían provocar un colapso poblacional de esta especie en apenas un año.

Las prácticas de las flotas extranjeras incluyen el apagado de sistemas de identificación automática y el uso de banderas de conveniencia para evadir controles. Además, la logística permite que los buques permanezcan meses en alta mar, transfiriendo la pesca directamente a cargueros sin pasar por puertos regulados. En 2024, las Islas Malvinas reportaron capturas récord bajo licencias británicas, sumando 261.903 toneladas, lo que refuerza la presión sobre los recursos migratorios compartidos.

El gobierno argentino ha respondido con sanciones económicas históricas y un refuerzo de la vigilancia marítima, pero la magnitud del problema exige cooperación internacional y nuevas estrategias de control. La continuidad de este esquema extractivo compromete exportaciones, empleo y la producción de alimentos, además de poner en riesgo la biodiversidad marina y la capacidad de regeneración de los stocks pesqueros.

La problemática, visibilizada en el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, afecta también a otros países sudamericanos y evidencia la necesidad de una regulación global más estricta. El debate sobre la protección de los recursos marinos y la soberanía económica argentina continúa abierto, con el futuro del Atlántico Sur en juego.