El Ministerio de Capital Humano oficializó la homologación del acuerdo paritario para los empleados de comercio, el sector sindical más numeroso de Argentina, tras intensas negociaciones entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales CAC, CAME y UDECA. El acuerdo, vigente desde julio hasta diciembre de 2025, establece un incremento salarial del 1% mensual no acumulativo sobre los básicos de junio, sumando un total de 6% al finalizar el semestre. Además, contempla una suma fija no remunerativa de $40.000 mensuales para todas las categorías, prorrateada en casos de jornadas parciales, que se incorporará al salario básico en enero de 2026.

La homologación, confirmada en agosto, era un paso clave para que las empresas pudieran liquidar los sueldos según las nuevas escalas. En algunos casos, los empleadores esperaron la validación oficial para aplicar los aumentos, generando pagos retroactivos, mientras que otros los otorgaron de forma anticipada. El acuerdo impacta en más de un millón de trabajadores encuadrados bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, que abarca tareas de comercio minorista y mayorista, logística, administración, cajas y depósitos.

El secretario general de FAECyS, Armando Cavalieri, señaló: "Este acuerdo representa una señal de continuidad y compromiso en el diálogo entre gremio y empresas. Apostamos a la estabilidad del ingreso, pero también al monitoreo permanente del contexto para actuar con responsabilidad". Desde el Ministerio de Capital Humano remarcaron que la homologación garantiza la obligatoriedad del cumplimiento del acuerdo para todos los empleadores y trabajadores encuadrados en el convenio.

Sin embargo, el acuerdo ha generado críticas entre sectores sindicales y trabajadores, quienes consideran que los aumentos resultan insuficientes frente a la inflación y el ajuste económico impulsado por el gobierno de Javier Milei. Voces opositoras señalan que el "techo salarial" impuesto por el Ejecutivo limita la recomposición real de los ingresos y perpetúa la pérdida de poder adquisitivo. La cláusula de revisión prevista para noviembre es vista por algunos como una herramienta insuficiente para enfrentar la dinámica inflacionaria.

El convenio de comercio, por su alcance, suele ser referencia para otras negociaciones salariales en el país. El debate sobre la necesidad de una suba de emergencia y la incorporación de cláusulas de actualización automática continúa vigente entre los trabajadores, mientras el gobierno y las cámaras empresariales defienden el acuerdo como una medida de previsibilidad y estabilidad en el contexto actual.