Las recientes declaraciones juradas patrimoniales presentadas por los ministros del gabinete de Javier Milei ante la Oficina Anticorrupción (OA) revelaron que la mitad de los funcionarios reportó tener más bienes en el exterior que en Argentina. Este fenómeno, aunque legal, ha generado debate sobre la transparencia y la confianza en la gestión pública.

El canciller Gerardo Werthein encabeza el ranking con un patrimonio de $92.056 millones, de los cuales el 65% está radicado fuera del país, principalmente en cuentas e inversiones en Europa y América. Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, declaró $18.089 millones, con el 80% de sus fondos distribuidos en depósitos bancarios en Suiza, Estados Unidos, Puerto Rico y Uruguay. Luis Caputo, ministro de Economía, informó $11.851 millones, con el 65% en el exterior y un incremento patrimonial del 137% en el último año. Caputo justificó públicamente su decisión de mantener fondos fuera del país para evitar sospechas de uso de información privilegiada tras asumir el cargo.

Las declaraciones juradas incluyen inmuebles, vehículos y participaciones en empresas, tanto en Argentina como en el extranjero. Sin embargo, el valor fiscal utilizado para declarar los bienes suele ser inferior al valor de mercado, lo que puede distorsionar la percepción del patrimonio real de los funcionarios. El crecimiento patrimonial registrado se atribuye principalmente a la revalorización de activos y no a nuevas adquisiciones.

Otros ministros, como Patricia Bullrich (Seguridad) y Mario Lugones (Salud), declararon la mayor parte de su patrimonio en el país, mostrando una composición diferente respecto a sus pares. El gabinete en su conjunto suma más de $125.000 millones en patrimonio, con Werthein concentrando el 73% del total.

La Ley 26.857 regula la presentación de estas declaraciones, equiparando la información con la que se presenta ante la AFIP. El debate sobre la ética y el impacto económico de tener fondos fuera del país se intensifica en un contexto de crisis económica y desconfianza institucional. Fuentes oficiales consultadas evitaron hacer comentarios sobre la composición patrimonial de los ministros, mientras que la opinión pública y analistas discuten las implicancias de estos datos para la transparencia y la gestión estatal.