El diputado nacional Ricardo López Murphy presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone reemplazar el peso argentino por una nueva moneda denominada "Argentum" (AG), con un valor equivalente a $1.000 actuales. La iniciativa, que podría entrar en vigencia el 1 de enero de 2026, busca simplificar las transacciones y registros contables, eliminando tres ceros de la moneda actual.

Según los fundamentos del proyecto, la eliminación de ceros no implica una reforma económica de fondo ni afecta el poder adquisitivo de la moneda. "La eliminación de ceros no cambia el poder adquisitivo de la moneda ni implica una reforma económica profunda, pero sí ordena, simplifica y da mayor claridad a las transacciones y registros contables", argumentó López Murphy. El legislador remarcó que la medida es de carácter técnico-administrativo y está orientada a facilitar la comprensión de precios, salarios y operaciones comerciales.

El proyecto contempla un período de transición de seis meses, durante el cual circularán simultáneamente billetes y monedas denominados en pesos y Argentum. Finalizado ese plazo, solo el Argentum tendrá curso legal. El Banco Central será responsable de emitir los nuevos billetes y supervisar el proceso de reconversión, incluyendo la posibilidad de sellar billetes existentes para su uso temporal como Argentum.

La propuesta establece que todos los contratos, pagos y documentos expresados en pesos se considerarán automáticamente en Argentum desde la fecha de implementación. Además, todas las obligaciones de pago, incluidas remuneraciones y prestaciones previsionales, deberán abonarse en la nueva moneda a partir de la fecha establecida.

López Murphy recordó que la redenominación monetaria tiene antecedentes en la historia argentina, siendo el más reciente el reemplazo del austral por el peso en 1992, cuando se eliminaron cuatro ceros. "El Argentum será una herramienta administrativa que moderniza y pone en valor nuestra moneda, sin cambiar su esencia ni su poder real", concluyó el diputado. Analistas señalan que, si bien la medida puede facilitar las operaciones diarias y reducir errores administrativos, su impacto económico será limitado si no se acompaña de una mayor estabilidad macroeconómica.