Una joven mendocina que había desaparecido en abril de 2024 fue rescatada esta semana en Lima, Perú, tras permanecer más de un año cautiva por una red de trata de personas. El operativo, resultado de la cooperación entre la Gendarmería Nacional Argentina y la Policía Nacional de Perú, permitió la liberación de la víctima y la detención de su captor, un ciudadano venezolano identificado como Jersey Ricardo Linares Ferrer.

La investigación se inició luego de que la madre de la joven denunciara la desaparición y aportara datos clave, como una videollamada interrumpida abruptamente en la que su hija manifestó estar en peligro. Las autoridades argentinas, en coordinación con sus pares peruanos y bajo el marco del Protocolo de Palermo sobre cooperación internacional, lograron rastrear la ubicación de la joven a través del análisis de antenas de telefonía celular y el intercambio de información.

La víctima fue hallada en el distrito de Santiago de Surco, Lima, en condiciones precarias: sin documentos, viviendo en un cuarto oscuro y sin ventilación, y sometida a explotación y violencia. Según las investigaciones, el captor contactaba a jóvenes vulnerables a través de foros en redes sociales, especialmente aquellos relacionados con temáticas de suicidio, aprovechando su fragilidad emocional para manipularlas y trasladarlas a Perú bajo falsas promesas.

Tras el rescate, la joven quedó bajo custodia policial y recibe atención psicológica especializada. El caso ha sido derivado al Ministerio Público peruano, que investiga la posible existencia de más víctimas y otros integrantes de la red criminal. Las autoridades destacaron la importancia de la cooperación internacional y la rapidez en la actuación, mientras organizaciones sociales advierten sobre el creciente uso de internet para captar víctimas de trata.

En lo que va de 2025, el 72% de los casos de trata en Perú se registraron en Lima, y el 4,7% de las víctimas fueron captadas por internet, según datos oficiales. El caso ha generado alarma social y renovó el llamado a denunciar situaciones sospechosas, subrayando la necesidad de fortalecer la prevención y protección de personas vulnerables.