La feria La Salada, considerada la más grande de Latinoamérica, permanece clausurada desde hace dos semanas tras la detención de Jorge Castillo, conocido como el “Rey de La Salada”, y varios de sus socios, acusados de lavado de dinero y evasión fiscal. El cierre, ordenado por el juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, dejó sin trabajo a cerca de 50.000 personas, generando una crisis social y económica en Ingeniero Budge y zonas aledañas.

Durante este período, los feriantes protagonizaron protestas y cortes en Puente La Noria, reclamando la reapertura del predio y el acceso a su mercadería. La tensión fue en aumento, con incidentes y fuerte presencia policial para evitar nuevos bloqueos. Comerciantes y trabajadores manifestaron su desesperación ante la falta de ingresos y la imposibilidad de retirar productos del predio.

En respuesta a la crisis, el gobernador Axel Kicillof encabezó una reunión en la municipalidad de Lomas de Zamora junto a funcionarios nacionales, provinciales y municipales, así como representantes de la fiscalía y organismos de recaudación. El encuentro culminó con un acuerdo preliminar para reabrir la feria bajo condiciones de regularización fiscal y judicial. “Los tres niveles de Gobierno coincidimos en la necesidad de que se reabran las ferias y vamos a destinar los recursos necesarios para concretarlo”, afirmó Kicillof.

La fiscal Incardona se comprometió a evaluar las propuestas presentadas y solicitar al juez el levantamiento preventivo de la clausura en el corto plazo. Mientras tanto, los feriantes aceptaron evitar nuevas manifestaciones hasta que se resuelva la situación judicial. El acuerdo incluye asistencia del Banco Provincia y ARBA para facilitar la regularización de los puestos y la digitalización de las transacciones.

La incertidumbre persiste respecto a la fecha exacta de reapertura, aunque se espera que ocurra antes del 15 de junio. La Salada, fundada en 1992, es un motor económico clave para la región, abasteciendo a comercios de todo el país. El cierre no solo afecta a los feriantes, sino también a una extensa cadena productiva y comercial. Las autoridades destacaron la importancia de preservar los empleos y garantizar la legalidad en el funcionamiento de la feria, mientras la Justicia avanza en la investigación de delitos económicos.