Argentina dio un paso significativo en la modernización de su marco regulatorio para organismos genéticamente modificados (OGMs) destinados a usos agropecuarios, agroalimentarios y agroindustriales. Mediante la Resolución 255/2026, publicada el 11 de marzo en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, el país reemplazó la normativa vigente desde 2011, estableciendo procedimientos más ágiles y adaptados a los avances científicos y tecnológicos del sector.

La nueva regulación exige que toda actividad relacionada con OGMs, incluidos productos y subproductos, cuente con autorización previa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. El proceso de autorización comercial se estructura en tres instancias: una evaluación de riesgo para el agroecosistema, a cargo de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA); una evaluación de aptitud alimentaria humana y animal, realizada por el SENASA; y un análisis de impacto en la producción y comercialización, bajo la órbita de la Dirección de Políticas de Mercados. Los plazos máximos para estas evaluaciones se fijan en 120 días hábiles para los análisis de bioseguridad y aptitud alimentaria, y 30 días para el dictamen comercial.

El nuevo marco normativo también contempla la posibilidad de autorizaciones diferenciadas según el uso propuesto de los OGMs, así como la incorporación de acuerdos internacionales, como el Memorando de Entendimiento con Brasil y el acuerdo multilateral con Brasil, Paraguay y Uruguay para la creación de una red internacional de bioseguridad.

En caso de incumplimiento, la normativa prevé sanciones severas, que incluyen la intervención y posible destrucción de materiales, así como la inhabilitación para nuevas autorizaciones por hasta cinco años. El SENASA y el INASE quedan habilitados para aplicar sanciones en sus respectivos ámbitos.

Desde 1996, Argentina ha aprobado 134 desarrollos de OGMs, de los cuales 38 corresponden a la actual gestión, lo que representa un récord del 28% de todas las autorizaciones en los últimos 30 años. El Gobierno subraya que la actualización normativa busca fortalecer la previsibilidad para las inversiones, promover la innovación y consolidar la posición del país como referente en biotecnología agrícola.

La medida fue resultado de un proceso técnico consensuado entre especialistas del sector público y privado, y responde a la necesidad de armonizar la regulación nacional con estándares internacionales, facilitando el comercio y la competitividad del sector agroindustrial argentino. Se espera que la nueva normativa impulse la generación de valor agregado, la inversión y la transformación tecnológica en el agro nacional.