Una maestra jardinera suplente de una escuela pública del barrio porteño de Boedo es buscada por la Justicia argentina tras ser acusada de estafar a varias de sus compañeras de trabajo. Según la investigación de la Fiscalía PCyF N°5 Especializada en Ciberfraudes, la docente habría utilizado los datos de las tarjetas de crédito y débito de sus colegas para realizar 105 compras no autorizadas, por un monto total de $3.688.287,67. Los gastos incluyeron compras en comercios, pasajes de avión y operaciones en plataformas de juego online.

El caso salió a la luz cuando las víctimas detectaron consumos inusuales en sus resúmenes bancarios y, al compartir la información, identificaron patrones comunes en los lugares y montos de las operaciones. El Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires verificó los movimientos bancarios y recolectó testimonios, lo que permitió identificar a la sospechosa, quien se desempeñaba como suplente y no formaba parte del staff fijo de la institución.

Durante la investigación, se descubrió que parte del dinero fue transferido a cuentas bancarias asociadas a los padres de la docente. El padre de la acusada fue imputado por el delito de defraudación mediante uso de tarjeta magnética y, tras admitir su participación en 22 hechos, firmó un acuerdo con la fiscalía que permitió restituir más de $1.200.000 a las maestras afectadas, incluyendo intereses.

Un informe de la Dirección Nacional de Migraciones confirmó que la sospechosa viajó a Europa tras los hechos y, hasta el momento, no ha regresado al país. Por este motivo, la fiscalía formalizó el pedido de captura internacional y continúa investigando si la docente pudo haber cometido hechos similares en otras instituciones.

El expediente sigue abierto, con la cooperación de autoridades nacionales e internacionales para facilitar el arresto y el avance del proceso penal. El caso ha generado preocupación sobre la seguridad en las instituciones educativas y el manejo de datos personales, mientras las víctimas esperan que se haga justicia y se recupere el dinero restante.