El Gobierno nacional oficializó este viernes una profunda reestructuración de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), organismo clave para el financiamiento y la promoción de la ciencia en Argentina. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 447/2025, reduce drásticamente la cantidad de miembros del directorio, centraliza la toma de decisiones y redefine la misión de la Agencia, generando alarma en el sistema científico.

A partir de ahora, la Agencia funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, dependiente de la Jefatura de Gabinete. El directorio, que hasta ahora contaba con diez miembros, quedará conformado por un presidente y dos directores ad honorem, todos designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Secretaría. Según el Gobierno, la reforma busca "mejorar la eficiencia estatal, reducir el déficit fiscal y eliminar estructuras burocráticas".

El decreto también redefine las funciones de la Agencia, que deberá priorizar la transferencia tecnológica al sector productivo y la administración eficiente de fondos, con nuevos criterios de evaluación que incluyen la factibilidad económica y el recupero del financiamiento. El presidente del organismo tendrá rango de secretario y amplias facultades de gestión, incluyendo la representación legal y la administración de recursos humanos y financieros.

La reacción del sector científico no se hizo esperar. Investigadores y autoridades de institutos alertaron sobre la pérdida de pluralidad, federalismo y paridad de género en la conducción del organismo. Además, denunciaron una caída del 96% en el financiamiento de proyectos desde 2023 y advirtieron sobre el riesgo de paralización de la investigación científica y la fuga de talentos. "El anuncio de hoy es básicamente un certificado de defunción para la ciencia básica en el país", afirmó el investigador Rodrigo Quiroga.

La reforma se inscribe en el contexto de la Ley Bases y el programa de ajuste fiscal impulsado por el presidente Javier Milei. El Gobierno sostiene que la medida permitirá alinear la ciencia y la tecnología con los objetivos del desarrollo económico y la competitividad nacional. Sin embargo, el sector científico teme que la reestructuración de la Agencia sea el preludio de cambios similares en otros organismos, como el CONICET, y que se debilite el ecosistema de investigación y desarrollo en Argentina.