La Cámara de Diputados de la Nación se encuentra en el centro de una fuerte controversia por la organización de la audiencia pública destinada a debatir la modificación de la Ley de Glaciares. El proceso, que ha generado un récord de inscriptos —más de 88.000 personas—, enfrenta críticas por las restricciones impuestas a la participación oral, lo que ha motivado presentaciones judiciales y un clima de tensión política.

Según lo dispuesto por las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, solo los primeros inscriptos de cada provincia podrán exponer de manera presencial o virtual, mientras que el resto deberá enviar sus ponencias en formato escrito o mediante videos de hasta cinco minutos. Esta decisión, defendida por el oficialismo como una medida organizativa necesaria para agilizar el trámite, fue calificada por la oposición y organizaciones ambientalistas como una vulneración de los derechos de participación ciudadana.

"La cantidad de inscriptos es récord a nivel mundial y demuestra el interés social que el tema despierta", señaló Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas. Por su parte, la diputada Lucía Cámpora (UxP) advirtió: "El oficialismo sabe que tiene que hacer instancias de participación porque lo obliga el Acuerdo de Escazú, pero lo hacen solo para blindar la ley de eventuales judicializaciones".

En respuesta a las restricciones, ONG como Greenpeace, FARN y CEPA presentaron medidas cautelares ante la Justicia para exigir la ampliación del cronograma y la participación oral de todos los inscriptos. Sin embargo, el juez Enrique Regeuira rechazó una de las cautelares, argumentando que no se demostró la verosimilitud del derecho invocado para suspender el acto parlamentario.

El oficialismo, por su parte, sostiene que la organización garantiza la expresión de todos los interesados a través de diferentes herramientas y que la reforma de la ley es necesaria para habilitar inversiones y proyectos productivos. "El cambio de la norma es necesario para habilitar proyectos que están esperando para entrar al RIGI, son inversiones para el país", afirmó un diputado libertario.

El debate sobre la Ley de Glaciares se da en un contexto de presión de sectores mineros y exportadores, y bajo la mirada atenta de la sociedad civil y la comunidad internacional, que exigen el cumplimiento de los estándares de participación pública ambiental establecidos en el Acuerdo de Escazú. El desenlace de la audiencia pública y la eventual aprobación de la reforma podrían tener implicancias significativas para la política ambiental y productiva de Argentina.