El suicidio del soldado Rodrigo Gómez en la Quinta de Olivos destapó una compleja red de extorsión operada por presos desde cárceles bonaerenses. La investigación, liderada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, reveló que la banda utilizaba aplicaciones de citas para captar víctimas mediante perfiles falsos. Gómez, de 21 años, fue contactado por la organización a través de un perfil ficticio y posteriormente extorsionado por individuos que se hacían pasar por policías, amenazándolo con causas judiciales inexistentes.

La presión ejercida por la banda llevó a Gómez a realizar transferencias de dinero a cuentas vinculadas a mujeres de la organización. En su carta de despedida, el soldado dejó anotaciones sobre deudas y pagos, lo que resultó fundamental para esclarecer el caso. Tras una serie de allanamientos en la zona oeste del conurbano bonaerense y en los penales de Magdalena y Olmos, siete sospechosos fueron detenidos, incluidos el jefe de la banda, Tomás Francavilla, y otros dos presos.

La jueza Arroyo Salgado calificó la organización como una "pyme del delito" y advirtió sobre la facilidad con la que los presos acceden a celulares, permitiendo la expansión de la criminalidad digital desde prisión. "Hoy un teléfono es un arma dentro de los centros de detención", afirmó la ministra Monteoliva. El uso de celulares en cárceles, habilitado durante la pandemia por un habeas corpus colectivo, sigue vigente sin respaldo normativo, lo que facilita la comisión de delitos graves.

El caso de Gómez no es aislado; existen antecedentes de estafas y extorsiones similares desde penales bonaerenses. La investigación puso en debate la corrupción estructural en el sistema penitenciario y la necesidad de fortalecer los controles para proteger a las víctimas. Familiares del soldado cuestionaron la hipótesis oficial y destacaron su perfil reservado y trabajador. El fenómeno de criminalidad digital plantea desafíos para el Estado, que debe decidir entre garantizar derechos y evitar que los penales se conviertan en centros de operaciones delictivas.

La causa continúa abierta, mientras las autoridades buscan implementar medidas para restringir el uso de celulares en cárceles y prevenir nuevos casos de extorsión y estafas desde prisión.