La jueza federal Macarena Marra Giménez resolvió que la demanda presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la Ley 27.802 de Modernización Laboral debe ser tratada por el fuero Contencioso Administrativo Federal, desplazando así a los tribunales laborales nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta decisión representa un revés para la central sindical, que había logrado la suspensión provisoria de 82 artículos de la reforma a través de una medida cautelar dictada por el juez laboral Raúl Horacio Ojeda.

La CGT sostiene que la reforma vulnera derechos individuales y colectivos de los trabajadores reconocidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales. Entre los puntos más cuestionados se encuentran la reducción del alcance de la Ley de Contrato de Trabajo, cambios en jornadas y vacaciones, la derogación de la ley de teletrabajo, la flexibilización de condiciones salariales y la limitación de la tutela judicial.

El fallo de Marra Giménez se apoya en el artículo 79 de la Ley 27.802, que establece la competencia exclusiva del fuero Contencioso Administrativo Federal en causas donde el Estado Nacional es parte. Según la magistrada, permitir que la Justicia Nacional del Trabajo decida sobre la constitucionalidad de políticas nacionales alteraría el sistema federal y el control de los actos estatales.

El Gobierno celebró la resolución como un avance para blindar la reforma laboral, mientras que la CGT anticipó que apelará la decisión. La medida cautelar que suspendió 82 artículos de la ley sigue vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo, afectando aspectos clave como indemnizaciones, derecho a huelga, teletrabajo y vacaciones.

El debate sobre la competencia judicial se da en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno y los sindicatos, que rechazan la reforma por considerar que reduce derechos laborales. Además, el Ejecutivo impulsa el traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad de Buenos Aires, lo que genera resistencia entre empleados judiciales y gremios. El destino final de la reforma podría definirse en la Corte Suprema, mientras la disputa judicial continúa y el impacto sobre los derechos laborales sigue siendo motivo de controversia.