La muerte de Ángel López, un niño de cuatro años en Comodoro Rivadavia, generó conmoción y abrió una investigación judicial por posible homicidio. El menor falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en la vivienda de su madre, Mariela Altamirano, quien estaba a cargo de su cuidado junto a su pareja. Según el informe preliminar de la autopsia, Ángel presentaba lesiones internas recientes en la cabeza, lo que llevó a la fiscalía a investigar el caso como un posible homicidio, aunque no se descartan otras hipótesis.

El fiscal general Facundo Oribones explicó en conferencia de prensa que "en la operación de autopsia surgieron algunos traumatismos en la zona del cráneo" y que se está tratando de determinar si las lesiones fueron producto de una acción voluntaria o involuntaria. Por el momento, no hay imputados en la causa, pero tanto la madre como su pareja permanecen bajo vigilancia policial.

El padre del niño, Luis López, y su entorno acusan directamente a la madre y su pareja de ser responsables de la muerte de Ángel. "A mi hijo lo mataron. No era un chico enfermo, tenía buena salud", declaró el padre en el funeral. Por su parte, la madre sostiene que intentó reanimar al niño y que pidió ayuda a los vecinos y al sistema de emergencias, sin obtener respuesta inmediata. "Yo no maté a mi hijo, lo protegí", afirmó Altamirano en declaraciones a la prensa.

El caso se da en un contexto de denuncias cruzadas de violencia y una larga disputa judicial por la tenencia del menor. La Justicia de Familia había otorgado la custodia a la madre tras denuncias contra el padre, aunque la fiscalía penal aclaró que no existían denuncias activas de riesgo para el niño al momento del hecho.

La comunidad local y las redes sociales han manifestado su indignación y exigen respuestas claras sobre lo sucedido. Mientras tanto, la fiscalía espera los resultados de estudios histopatológicos y peritajes a los teléfonos de los involucrados para avanzar en la investigación. El caso ha reavivado el debate sobre las decisiones judiciales en materia de custodia infantil y la protección de menores en situaciones de vulnerabilidad.