En medio de un contexto económico marcado por la flexibilización del cepo cambiario, el presidente argentino Javier Milei, junto con el ministro de Economía Luis Caputo y el titular del Banco Central Santiago Bausili, enfrenta una denuncia penal por presunta malversación de caudales públicos y defraudación contra la administración pública. La acusación, presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, se centra en la venta de 398 millones de dólares a un tipo de cambio oficial de $1.097,50, realizada el viernes pasado, justo antes de que se anunciara una devaluación que elevó el dólar a más de $1.200.

El caso, que ha recaído en el Juzgado Federal N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Ariel Lijo y la fiscal Alejandra Mángano, plantea que la operación benefició a ciertos actores con información privilegiada, generando pérdidas significativas para el patrimonio del Estado. Según la denuncia, la transacción se realizó con conocimiento previo de una devaluación inminente, lo que permitió a los compradores obtener ganancias extraordinarias.

La senadora Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro, también ha solicitado informes al Ejecutivo Nacional para esclarecer los fundamentos técnicos detrás de esta decisión. Silva cuestionó por qué se vendieron las reservas a un tipo de cambio inferior al esperado, considerando que el acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya anticipaba una banda cambiaria más alta.

En una entrevista reciente, el presidente Milei admitió que su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, estaba al tanto de la medida antes de su anuncio oficial. Esta revelación podría complicar aún más la situación judicial del mandatario, quien ya enfrenta otras investigaciones, como el caso de la criptomoneda $LIBRA.

La flexibilización del cepo cambiario, presentada como un paso hacia la estabilización económica, ha generado controversias por su implementación. Mientras tanto, la fiscal Mángano deberá decidir si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal o archivar la denuncia. Este caso se suma a las crecientes preocupaciones sobre el manejo de las reservas internacionales y su impacto en la economía nacional.