El ex sacerdote Manuel Fernando Pascual fue condenado a 12 años de prisión por abuso sexual contra dos monjas, en un fallo confirmado recientemente por la Sala II de la Cámara de Casación. Los hechos, que ocurrieron entre 2012 y 2016 en un campo de Capitán Sarmiento y en un hogar de la congregación en Núñez, involucraron episodios de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante. La acusación, liderada por los fiscales Andrés Madrea y María Luisa Piqué, se basó en testimonios de las víctimas y peritajes psicológicos que descartaron la fabulación.

Pascual, quien fuera director espiritual y confesor de la congregación Hermanas de San José, fue también sometido a un juicio eclesiástico. En marzo de 2024, el Tribunal Eclesiástico Bonaerense lo expulsó del estado clerical y lo excomulgó, una medida celebrada por más de un centenar de religiosas y laicas. El tribunal canónico consideró probados los delitos de solicitación en confesión y absolución del cómplice en pecado contra el sexto mandamiento.

A pesar de la condena, Pascual aún no cumple prisión efectiva, ya que su defensa presentó un recurso extraordinario. El cardenal Mario Poli, ex arzobispo de Buenos Aires, intervino en el proceso ofreciendo una propiedad para que Pascual pudiera acceder a prisión domiciliaria, lo que generó controversia y hermetismo en la institución.

El caso ha tenido repercusiones más allá del ámbito penal. Las víctimas han iniciado demandas civiles contra Pascual, la Conferencia Episcopal Argentina y la congregación de las Hermanas de San José, señalando la responsabilidad institucional en los hechos. Pascual enfrenta además un segundo juicio por abuso sexual, con hechos similares denunciados por otra mujer entre 1998 y 2014.

El proceso judicial y eclesiástico ha sido destacado por la coordinación entre ambas jurisdicciones, algo poco frecuente en casos de abuso dentro de la Iglesia argentina. El caso reaviva el debate sobre la protección de las víctimas y la rendición de cuentas en instituciones religiosas, marcando un precedente en la respuesta tanto de la justicia civil como eclesiástica.