Rubén Alberto Cabra fue condenado a diez años de prisión por el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, tras ser hallado culpable de trata de personas y explotación sexual de una adolescente chaqueña. La sentencia, dictada por la jueza Mariela Emilce Rojas, también ordenó una indemnización de 65.292.000 pesos para la víctima, una de las más elevadas en la historia judicial de Entre Ríos.

Los hechos se remontan a 2006, cuando la víctima, de 17 años y oriunda de Villa Ángela, Chaco, fue engañada con una falsa oferta laboral. Tras ser trasladada a Concepción del Uruguay, fue sometida a explotación sexual en un prostíbulo conocido como Snack Bar. Durante más de dos años, la joven fue víctima de violencia física, amenazas y un régimen de control que le impidió escapar. Incluso, tras un intento de fuga, fue recapturada bajo amenazas contra su familia y obligada a regresar a Entre Ríos, donde continuó siendo explotada.

La investigación judicial comenzó en 2019, a partir de una denuncia anónima recibida en la Línea 145 y derivada a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). La fiscalía federal, encabezada por Josefina Minatta, logró identificar a la víctima en 2021 y reconstruir los hechos, que incluyeron el traslado, sometimiento y explotación de la joven. El proceso judicial determinó la responsabilidad central de Cabra en la captación, traslado y explotación de la víctima.

El fallo judicial dispuso el decomiso y embargo del inmueble donde ocurrieron los delitos, así como de vehículos del condenado, para garantizar el pago de la indemnización. Además, se estableció que cualquier remanente de los bienes decomisados será destinado al Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas, administrado por el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata.

La jueza Rojas rechazó el planteo de prescripción presentado por la defensa y aplicó la pena máxima prevista para el conjunto de delitos. Cabra, de 43 años y con antecedentes por violencia de género, deberá cumplir restricciones de conducta, incluyendo la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima. La ejecución de la sentencia y el pago de la indemnización quedarán sujetos a la firmeza del fallo, prevista para el 23 de junio de 2026.

El caso es considerado un precedente relevante en la lucha contra la trata de personas y la protección de víctimas en Argentina, destacándose la importancia de la reparación económica y el uso de bienes decomisados para la asistencia a las víctimas.