En una sesión histórica, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social (SPRS), un organismo que permitirá a la capital argentina gestionar su propio sistema penitenciario por primera vez. La iniciativa, que contó con 54 votos afirmativos y solo tres negativos, fue el resultado de meses de debate y consenso entre los distintos bloques políticos.

El nuevo SPRS estará bajo la órbita del Ministerio de Justicia porteño y tendrá una estructura civil y profesionalizada. Su misión será garantizar la seguridad y custodia de los detenidos, así como impulsar políticas de tratamiento y reinserción social para reducir la reincidencia. El Instituto Superior de Seguridad Pública será responsable de la formación y capacitación de los agentes penitenciarios.

La ley se complementa con la de Ejecución de la Pena, que otorga a la Ciudad competencia plena sobre la ejecución de penas, permitiendo así la transferencia de presos y competencias desde el Servicio Penitenciario Federal. "Es histórico que tengamos nuestro propio Servicio Penitenciario, un gran paso para nuestro plan integral de seguridad y un hito para la autonomía porteña", afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El proyecto prevé la creación de dos cuerpos diferenciados: agentes de seguridad penitenciaria, encargados de la custodia y prevención, y agentes de reintegración social, profesionales civiles dedicados al tratamiento progresivo, educación, salud mental y el desarrollo de un "Plan de Vida" para cada condenado. Esta iniciativa busca no solo mejorar la seguridad, sino también ofrecer oportunidades reales de reinserción y reparación a las víctimas.

Durante el debate, se destacaron los aportes de legisladores de diferentes partidos, quienes subrayaron la importancia del consenso y la modernidad de la normativa. Sin embargo, también hubo críticas al proyecto original y llamados a garantizar un enfoque más humano y respetuoso de los derechos humanos.

La sanción de la ley llega en un contexto de negociaciones entre la Ciudad y la Nación para el traspaso de competencias penitenciarias, lo que podría aliviar la superpoblación en comisarías y alcaidías porteñas. El avance representa un paso clave en el proceso de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y sienta las bases para un sistema penitenciario propio, moderno y orientado a la reintegración social.