El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció la nulidad de 770 contratos fraudulentos realizados en la Legislatura provincial entre 2008 y 2018. Esta medida, que forma parte de un proceso administrativo, busca poner fin a uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de la provincia, conocido como la "causa de los contratos truchos".

En una conferencia de prensa, Frigerio, acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani y el presidente de la Cámara de Diputados Gustavo Hein, explicó que los contratos anulados generaron un perjuicio estimado en 50 millones de dólares al erario público. "La política no puede quedarse de brazos cruzados frente a esta realidad. Tiene que dejar de mirar al costado y actuar", afirmó el mandatario.

El esquema de corrupción, que operó durante las gestiones de los exgobernadores Sergio Urribarri y Gustavo Bordet, consistía en la emisión de contratos sin contraprestación real, cuyos fondos eran retirados mediante tarjetas de débito. Según las investigaciones, el dinero desviado podría haber sido utilizado en inversiones inmobiliarias y agrícolas.

La Fiscalía de Estado será la encargada de instrumentar los mecanismos para recuperar los fondos sustraídos. "Estamos dando un paso más y queremos que los que les robaron la plata de los entrerrianos la devuelvan", enfatizó Frigerio. Además, destacó que esta medida cumple con una promesa de campaña y busca restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.

El caso, que actualmente cuenta con 32 imputados, ha avanzado con acuerdos de probation y juicios abreviados para algunos de los involucrados. Sin embargo, no se han presentado cargos contra figuras políticas de alto rango, lo que ha generado críticas de algunos sectores.

La causa comenzó en 2018, cuando un policía detectó movimientos sospechosos en cajeros automáticos de Paraná. Desde entonces, las investigaciones han revelado un esquema de corrupción sistémica que involucra a contratistas, administrativos y prestanombres.

Frigerio subrayó que esta acción administrativa corre en paralelo a la investigación judicial y que espera que la Justicia determine las responsabilidades penales correspondientes. "Los entrerrianos somos protagonistas de una de las causas de corrupción más importantes de la historia de nuestro país", concluyó.

Este caso no solo pone en evidencia las fallas en los controles administrativos, sino que también plantea interrogantes sobre la responsabilidad política en la gestión de los recursos públicos. A medida que avancen las investigaciones, se espera que este escándalo tenga un impacto significativo en el panorama político de Entre Ríos y del país.