La Justicia Civil y Comercial Federal confirmó dos condenas contra las principales distribuidoras de energía eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires, Edesur y Edenor, por interrupciones y deficiencias en el suministro. Las sentencias, ratificadas por la Cámara Civil y Comercial Federal, obligan a las empresas a pagar indemnizaciones millonarias a usuarios afectados en los barrios de San Francisco Solano, Quilmes, y Belgrano, Ciudad de Buenos Aires.

En el caso de Edesur, la Sala III de la Cámara confirmó la condena a pagar $6.852.000 más intereses y costas a una familia que sufrió 144 horas de cortes de luz entre mayo de 2020 y mayo de 2023. La empresa había apelado, argumentando que los demandantes no eran titulares formales del servicio y que factores como el congelamiento tarifario y condiciones climáticas debían ser considerados. Sin embargo, el tribunal desestimó estos argumentos, señalando que los usuarios habitaban el inmueble y eran beneficiarios directos del servicio, y que la responsabilidad de la empresa es objetiva salvo prueba de fuerza mayor, que no fue acreditada.

Por su parte, Edenor fue condenada junto a otras empresas a pagar $819.376 y €4.053,50, más intereses, a un usuario de Belgrano por variaciones de tensión, cortes y errores en obras realizadas en el barrio. La Cámara elevó el daño punitivo a $1.000.000, justificando la decisión en la "grave indiferencia hacia el público usuario" y la posición dominante de la empresa. El tribunal también rechazó la aplicación de sanciones por temeridad y malicia, al no encontrar pruebas de conducta dolosa.

Ambos fallos refuerzan la tendencia judicial de responsabilizar a las empresas de servicios públicos por la prestación deficiente y de reconocer tanto daños materiales como morales y punitivos. Las sentencias son vistas por usuarios y asociaciones de consumidores como un avance en la protección de los derechos de los usuarios y un llamado de atención a las empresas para mejorar la calidad del servicio. El impacto de estos fallos podría influir en futuros litigios y en la política de resarcimientos en el sector energético.