La decisión del juez federal Alejandro Maraniello de prohibir la difusión de audios de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, ha generado una fuerte controversia en el ámbito político y judicial argentino. La medida, solicitada por el propio Gobierno, fue interpretada por la Coalición Cívica como un acto de censura previa y un avasallamiento a la libertad de expresión, lo que motivó la presentación de un pedido de juicio político contra el magistrado.

Elisa Carrió, junto a los legisladores Marcela Campagnoli y Hernán Reyes, denunció a Maraniello ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño, abuso de autoridad y presunta connivencia con el Ejecutivo. La denuncia también incluye acusaciones de violencia de género y tráfico de influencias, así como irregularidades en el otorgamiento de cartas de ciudadanía. “Estamos frente a un magistrado que violó su deber de imparcialidad y menoscabó la confianza pública en la Justicia”, expresaron los denunciantes.

El fallo de Maraniello, que prohíbe la publicación de audios, chats y videos de Karina Milei, fue duramente cuestionado por constitucionalistas y exjueces de la Corte Suprema, quienes consideran que lesiona derechos fundamentales. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, subrayó la centralidad de la libertad de expresión para la democracia, mientras que el exjuez Maqueda calificó la resolución de “lamentable”.

En paralelo, el Gobierno denunció que la difusión de los audios es parte de una operación de espionaje ilegal, con supuesta injerencia de servicios de inteligencia extranjeros. El fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la investigación, sostuvo que no se descarta la ilegitimidad de las grabaciones y que la maniobra podría constituir una asociación ilícita. Sin embargo, aclaró que la investigación no buscará vulnerar el secreto profesional de los periodistas involucrados.

El caso se desarrolla en un contexto de crisis política y económica, con denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad y a pocos días de elecciones clave en la provincia de Buenos Aires. El debate sobre la censura previa y la libertad de prensa revive discusiones históricas sobre los límites de la intervención judicial y la protección de derechos fundamentales en la Argentina. El desenlace de las investigaciones y el proceso contra el juez Maraniello podrían tener implicancias significativas para la relación entre el poder político, la justicia y los medios de comunicación en el país.