El gobierno argentino ha endurecido el control sobre la pesca ilegal en el mar argentino mediante la Disposición 20/2026, publicada en el Boletín Oficial. Esta nueva normativa establece parámetros objetivos de velocidad y maniobra para identificar actividades de pesca ilegal por parte de buques extranjeros dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). A partir de ahora, la Prefectura Naval Argentina, a través del Sistema Guardacostas, podrá iniciar sumarios y aplicar sanciones basándose en evidencia remota, como registros satelitales y electrónicos.

La medida elimina las "zonas grises" que permitían a barcos extranjeros simular tránsito inocente o refugio ante contingencias climáticas. Según la disposición, se considerará que un buque extranjero está pescando ilegalmente si navega a una velocidad inferior a 6 nudos y realiza cambios de rumbo compatibles con tareas de pesca. Para los buques poteros, especializados en la captura de calamar, el umbral es aún más estricto: velocidades iguales o inferiores a 2 nudos durante al menos 30 minutos continuos.

El procedimiento administrativo se ha canalizado con mayor claridad, reduciendo la discrecionalidad y fortaleciendo la seguridad jurídica. Ahora, la carga de la prueba recae en el capitán del buque, quien debe justificar técnicamente su conducta mediante bitácoras, reportes meteorológicos o partes de avería. La negativa a ser abordado por Prefectura será considerada una presunción en contra del buque.

Recientes casos de pesca ilegal, como los de los buques Bao Feng y Playa Da Cativa, evidencian la necesidad de la nueva normativa. El sector pesquero nacional ha recibido positivamente la medida, destacando que equipara criterios de control con los aplicados a la flota local y refuerza el monitoreo satelital. Sin embargo, algunos actores advierten que la disposición no aborda el problema estructural de la "Milla 201", donde se concentra buena parte del esfuerzo pesquero extranjero fuera de la ZEEA.

La disposición se inscribe en una estrategia más amplia del Estado para combatir la pesca ilegal, proteger la sustentabilidad del ecosistema marino y fortalecer la soberanía sobre los recursos de la plataforma continental. El gobierno también busca adherir al Acuerdo FAO sobre Estado Rector de Puerto y al Tratado de Altamar, iniciativas que dotarían a Argentina de nuevas herramientas para enfrentar la pesca ilegal y denunciar actividades sospechosas en puertos extranjeros.

Expertos y representantes del sector pesquero consideran que la medida representa un avance tecnológico y jurídico significativo, aunque señalan la importancia de ratificar acuerdos internacionales para consolidar la lucha contra la pesca ilegal en el Atlántico Sur.