La provincia de Buenos Aires atraviesa una nueva etapa de tensión política y financiera tras la aprobación en la Legislatura bonaerense de un pedido de endeudamiento por hasta 3.685 millones de dólares, impulsado por el gobernador Axel Kicillof. La iniciativa, que busca refinanciar vencimientos de deuda, cubrir déficit y financiar obras públicas, fue sancionada en una sesión marcada por negociaciones intensas y acusaciones de reparto de cargos entre los bloques políticos.

El respaldo parcial del PRO, habitual aliado del oficialismo nacional, permitió la aprobación del proyecto, aunque el bloque de La Libertad Avanza (LLA) lo rechazó por considerar que la redacción era discrecional y habilitaba el uso de fondos sin suficiente control. "La ley salió adelante contra la voluntad explícita del presidente Milei, que una vez más apostó al caos, al desorden y a que la provincia colapsara para sacar ventaja política", sostuvo Kicillof en sus redes sociales, mientras que desde el entorno presidencial se insistió en que solo se aprobará el refinanciamiento de deuda anterior y se cuestionó el aumento del gasto público bonaerense.

La sesión legislativa se extendió hasta la madrugada, con denuncias de "compra de votos" y reparto de cargos en el Banco Provincia, lo que generó un clima de fuerte tensión y polémica. El acuerdo incluyó la creación de nuevos directorios y fondos especiales para los municipios, en medio de críticas por la falta de transparencia y el impacto en las finanzas provinciales.

El gobierno nacional, a través del ministro de Economía Luis Caputo y el diputado Sebastián Pareja, advirtió que la provincia no cumple con la Ley de Responsabilidad Fiscal y que el aumento de los gastos corrientes supera la inflación. "Milei no va a convalidar acuerdos de casta hechos a espaldas de la ciudadanía, que endeudan a los bonaerenses y reparten cargos a cambio de un voto", expresó Pareja, marcando la distancia entre Nación y Provincia.

En este contexto, la autorización final para la toma de deuda depende del aval de la Casa Rosada, que ya permitió a otras provincias acceder al financiamiento internacional, pero mantiene una relación tensa con Buenos Aires, principal bastión opositor. El desenlace de esta pulseada será determinante para la estabilidad financiera de la provincia y la proyección política de Kicillof y Milei de cara a las próximas elecciones.

La disputa refleja la polarización política y la falta de diálogo entre los principales actores, en un escenario económico nacional marcado por la escasez de dólares y la presión sobre las cuentas públicas. El futuro de la provincia dependerá de la capacidad de ambas administraciones para encontrar un acuerdo que evite el default y garantice la continuidad de las inversiones y servicios esenciales.