El psicólogo e influencer Javier Pérez, conocido como "Doctor Chinaski", se encuentra bajo investigación penal en Paraná tras la difusión de denuncias por presuntos abusos sexuales y de poder. La causa se inició de oficio por la Fiscalía de Paraná, luego de que se viralizaran en redes sociales testimonios de pacientes y alumnas que relataron situaciones de acoso, maltrato y conductas antiéticas durante su desempeño como docente en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y en su consultorio privado.

El escándalo tomó fuerza tras la aparición de Pérez en un programa de streaming, donde realizó declaraciones polémicas sobre la relación entre analistas y pacientes, minimizando los límites éticos y sugiriendo que "no hay un impedimento moral" para mantener relaciones sexuales con pacientes. Estas afirmaciones generaron una ola de testimonios en redes sociales, especialmente entre mujeres que aseguraron haber vivido situaciones similares con el profesional.

La Red Federal de Psicólogas y Psicoanalistas, que recibió numerosos relatos, impulsó la visibilización del caso y exigió respuestas institucionales. "Nos tiene muy interpeladas y conmovidas, con la decisión de tomar este tema con la centralidad que requiere y de ponerlo en la agenda pública", expresó Lila Feldman, integrante de la Red. La organización criticó la respuesta del Colegio de Psicólogos de Rosario, calificándola de "tibia" e "hipócrita" y reclamó acciones concretas para proteger a las víctimas y sancionar las conductas denunciadas.

Por su parte, la Universidad Autónoma de Entre Ríos activó el protocolo institucional vigente desde 2016 para casos de violencia de género y abuso, y abrió un sumario interno para reunir antecedentes y establecer responsabilidades. El Colegio de Psicólogos de Rosario también inició un expediente ético y defendió la necesidad de respetar el debido proceso, canalizando las denuncias a través del Tribunal de Ética.

El caso de Pérez se suma a otros antecedentes de denuncias por abuso en el ámbito universitario y profesional, y ha generado un intenso debate sobre la ética en el ejercicio de la psicología, la protección de los pacientes y la responsabilidad de las instituciones. Referentes feministas y profesionales reclaman una revisión profunda de las prácticas y mayor compromiso colectivo para erradicar las violencias y los abusos de poder en el sector.

La repercusión nacional del caso moviliza a víctimas y organizaciones, que buscan justicia y cambios estructurales en la profesión. Mientras la investigación judicial avanza, el debate sobre la ética y la protección de los derechos de los pacientes se instala en la agenda pública, con el desafío de fortalecer los mecanismos institucionales y garantizar la transparencia en el abordaje de estas situaciones.