La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la baja definitiva de las habilitaciones de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, implicados en la producción de fentanilo contaminado que provocó al menos 111 muertes y decenas de infecciones en hospitales de Argentina. La medida, publicada en el Boletín Oficial, representa el cierre de un proceso administrativo y judicial iniciado en 2025, cuando se detectaron graves irregularidades en la calidad y trazabilidad de los medicamentos producidos por ambas firmas.

Según la ANMAT, la decisión se fundamenta en inspecciones técnicas, pruebas regulatorias y documentación judicial que evidenciaron fallas críticas en las buenas prácticas de manufactura. "Los hechos registrados exponen riesgos inaceptables para los pacientes", señaló el organismo, que ya había prohibido la producción y comercialización de todos los productos de HLB Pharma y Ramallo desde mayo de 2025. El brote de fentanilo contaminado, detectado inicialmente en hospitales de La Plata y Rosario, se expandió a otros centros de salud y motivó una alerta sanitaria nacional.

Las investigaciones confirmaron la presencia de bacterias multirresistentes en ampollas de fentanilo, coincidentes con las halladas en los pacientes afectados. La Justicia determinó que, entre finales de 2024 y la primera mitad de 2025, al menos 111 personas murieron y 48 resultaron infectadas por la administración del medicamento adulterado. Actualmente, hay entre 14 y 17 personas procesadas, incluyendo directivos, técnicos y responsables de los laboratorios, mientras la causa penal sigue en curso.

La ANMAT aclaró que los certificados de los productos no serán eliminados, sino reinscritos a su vencimiento para mantenerlos activos en el marco de la investigación judicial. Además, recordó a las instituciones de salud la obligación de garantizar la trazabilidad y disposición segura de los productos involucrados.

El caso, considerado uno de los más graves en la historia reciente del sistema sanitario argentino, llevó a la revisión de prácticas regulatorias y a la prohibición de otros productos de los laboratorios por irregularidades previas. El Gobierno y la Justicia remarcaron la importancia de la medida para proteger la salud pública y sancionar a los responsables.