En una sesión histórica, el Senado de la Nación rechazó este jueves los vetos impuestos por el presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica, conocida como Ley Garrahan. Con mayorías aplastantes —59 votos a favor y 7 en contra para la emergencia pediátrica, y 58 a favor y 7 en contra para universidades— la Cámara Alta obligó al Poder Ejecutivo a promulgar ambas normas, en un nuevo revés político para el Gobierno.

El debate, que se extendió durante más de seis horas y contó con la participación de 31 senadores, estuvo marcado por fuertes críticas de la oposición al rumbo económico y social del oficialismo. Afuera del Congreso, trabajadores del Hospital Garrahan y representantes universitarios se movilizaron en apoyo a las leyes.

La Ley de Emergencia Pediátrica establece la asignación prioritaria de recursos para hospitales pediátricos, la recomposición salarial inmediata para el personal de salud y la exención del pago de ganancias en actividades críticas. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida implicará un gasto adicional de $65.573 millones entre julio y diciembre, y hasta $133.433 millones anuales.

Por su parte, la Ley de Financiamiento Universitario prevé una recomposición presupuestaria desde mayo a diciembre de 2024, actualizaciones bimestrales por inflación y la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes. Además, la Auditoría General de la Nación realizará controles externos sobre las universidades.

El oficialismo justificó los vetos por la falta de recursos, mientras que la oposición defendió la vigencia de derechos fundamentales. "No se puede mirar para otro lado cuando la sociedad nos indica diariamente qué está pasando con la atención pediátrica", afirmó la senadora Lucía Corpacci. Otros legisladores advirtieron que el Ejecutivo debe cumplir la ley o incurrirá en incumplimiento de deberes.

El rechazo a los vetos se suma a otros recientes, como el de la emergencia en discapacidad, y refleja la creciente tensión entre el Gobierno y el Congreso. El futuro inmediato dependerá de la capacidad del Ejecutivo para reasignar partidas y garantizar la implementación de las leyes, en un contexto de movilización social y demandas por mayor inversión en salud y educación.