La reciente postergación de la implementación del sistema acusatorio en los tribunales federales de Comodoro Py y en el fuero Penal Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha generado una fuerte reacción entre los fiscales y el procurador general interino, Eduardo Casal. El nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF), que debía entrar en vigencia el 11 de agosto, fue aplazado por el Gobierno hasta el 10 de noviembre, debido a la falta de condiciones materiales y humanas para su correcta aplicación.

En una reunión celebrada en la Procuración General, Casal y 25 fiscales de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico acordaron un decálogo de reclamos, centrados en la necesidad de recursos para implementar el sistema acusatorio. "El tiempo que resta hasta el 10 de noviembre no parece suficiente para realizar las adecuaciones necesarias", advirtieron los fiscales, quienes señalaron que la falta de infraestructura, personal y tecnología pone en riesgo la tramitación de causas complejas, como las de corrupción y narcotráfico.

Casal envió una nota al Ministerio de Justicia en la que defendió la idoneidad de los fiscales para encarar investigaciones complejas y reclamó al Gobierno la falta de recursos materiales y humanos adecuados. Según datos de la Procuración, el Poder Ejecutivo mantiene demorados 222 pliegos para cubrir cargos vacantes, lo que representa un déficit del 40% en la cantidad de fiscalías disponibles. "Hace un año y medio que el Poder Ejecutivo retiene 222 pliegos para esos nombramientos", señaló Casal durante el encuentro.

El sistema acusatorio, previsto por la Constitución desde 1994, busca mayor transparencia y eficiencia en la administración de justicia, con audiencias públicas y fiscales a cargo de las investigaciones. Sin embargo, los fiscales insisten en que el tiempo hasta la nueva fecha de implementación no es suficiente para realizar las adecuaciones necesarias y que la falta de recursos compromete la actuación del organismo.

El Gobierno, por su parte, sostiene que no habrá más postergaciones y que los problemas edilicios no justifican incumplir la ley. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ofreció espacios físicos adicionales y defendió la necesidad de cumplir con estándares internacionales. "Nada indica que aquí sea distinto. No es otro mundo", afirmó en respuesta a los reclamos de los fiscales.

La situación ha puesto en evidencia las tensiones entre el Ministerio Público Fiscal y el Poder Ejecutivo, en un contexto de reforma judicial que busca modernizar el sistema penal federal. De persistir la falta de recursos, los fiscales advierten que se verá comprometida la tramitación de causas de alto impacto social, lo que podría afectar la credibilidad y eficacia de la justicia federal en la Ciudad de Buenos Aires.